La Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM) radicó el domingo una demanda en contra de la Junta de Control Fiscal (JCF) por los recortes impuestos a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la “validez” del Plan Fiscal certificado.
La demanda también incluye al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
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“La Universidad de Puerto Rico es uno de los servicios esenciales que ofrece el gobierno de Puerto Rico a la población y constituye, además, un instrumento de inversión indispensable para promover el crecimiento económico del país”, expresó el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal del grupo de profesores universitarios.
“La demanda radicada por la APRUM se sustenta en estudios de reconocidos economistas del país, especialmente Alfredo González y José Alameda. Sus expertas investigaciones demuestran que la recuperación económica del país y la capacidad de recaudos del gobierno de Puerto Rico dependen directamente de una sostenida y adecuada inversión en la UPR. Los propuestos recortes a la UPR tendrán, según se ha constatado en los estudios, graves consecuencias para la población y para la capacidad de pago de la deuda pública que exigen todos los acreedores del país”, declaró.
El doctor Marcel Castro Sitiriche, Presidente de la APRUM, añadió por su parte que “la UPR es un servicio esencial y, como tal, está protegido, bajo la ley PROMESA. Es esencial para aquellos que dependen de su oferta educativa de calidad, de los que se benefician de sus múltiples programas de extensión, de los que se atienden en hospitales donde labora su facultad médica y de los que cuentan con servicios como la Red Sísmica para su seguridad”.
La demanda radicada por la APRUM exigen además que se proteja a la UPR como un servicio esencial al país, que se invalide el plan fiscal por amenazar su estabilidad fiscal y que se enmiende el presupuesto aprobado para el año fiscal en curso para que se garantice la continuidad de los servicios educativos y su impacto como motor de vitalidad económica y movilidad social de las clases desventajadas del país.
