Hace días, una ciudadana caborrojeña dejó un bolso de desperdicios sólidos en la alcaldía en rechazo a la imposición municipal de comprar bolsas naranjas para disponer su basura.
Esta semana, un individuo publicó en las redes sociales un video que muestra cómo Levittown está asediado por la basura por la proliferación de vertederos clandestinos. La crisis económica ha hecho que municipios como Arecibo y Cabo Rojo cobren por el servicio de recogido, afectando más el bolsillo de los puertorriqueños.
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Pero qué han hecho las agencias de gobierno encargadas de proteger el ambiente y la salud para evitar que el cúmulo de basura depositada ahora en cualquier rincón de algún municipio propicie una crisis sanitaria.
Más allá de iniciativas educativas, según Metro constató, es lo único que ha ocurrido.
“Tenemos que poner las cosas en la perspectiva correspondiente. Bajo efectos de la regulación, la agencia que tiene la responsabilidad directa de fiscalizar y de entrar en una comunicación directa con los municipios o con cualquier otra entidad que genere o maneje los desperdicios sólidos que se generan es la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS)”, dijo Mayra Toro, secretaria auxiliar de Salud Ambiental del Departamento de Salud (DS) cuando le hicimos esta pregunta.
Por su parte, Tania Vázquez, secretaria del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) y presidenta de la JCA, aclaró que las agencias que dirige sí han realizado “campañas bien agresivas de medios” para orientar a la gente sobre cómo disponer de su basura. No obstante, dijo que “lo que es problemas de salud pública le tocaría al DS. Y los vertederos clandestinos serían un asunto del municipio. Tendría que entrar la Policía municipal para atender la basura que se tiró ahí o la Policía estatal dependiendo de dónde sea la jurisdicción”.
Vázquez aseveró que, bajo su jurisdicción, están los sistemas de relleno sanitario autorizados para lanzar basura. Afirmó que solo puede tomar acción contra una persona si los hechos afectan a algún ecosistema que esté bajo la jurisdicción del DRNA. En una situación como esa comentó que “yo puedo entrar y buscar al responsable y multarlo. Si hay un vertedero clandestino en el patio de una panadería —por decirte un ejemplo— y hay un problema de mal olor, de moscas, es en pleno cemento, eso le toca al Departamento de Salud y al municipio”, recalcó. Si el depósito clandestino de desperdicios es cerca de un cuerpo de agua, resaltó la funcionaria, sí está bajo la tutela de JCA.
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Toro, aunque pasó la responsabilidad a la JCA, aceptó que “se puede hacer un esfuerzo conjunto entre todas las partes” para solucionar la situación.
Al tiempo, reconoció la importancia de manejar el problema de basura en las municipalidades, para “prevenir que esos desperdicios queden expuestos y que puedan tener desarrollo de plagas y presencia de sabandijas, que ponen en riesgo la salud de los seres humanos”.
