El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, anunció hoy la reducción de 2,490 contratos de empleados transitorios en distintas agencias del Gobierno de Puerto Rico, siendo la más afectada en Departamento de Educación.
“El gobernador cumplirá con su compromiso de asegurar que todos los empleados públicos del sistema de carreras continúen en sus puestos sin una reducción de jornada laboral”, puntualizó Rosario Cortés.
De dicho total, unos 1,300 contratos menos corresponde a empleados que se jubilaron o decidieron acogerse al Sistema de Retiros. La mayoría de los contratos que no se renovarán tuvieron vigencia hasta el pasado 30 de junio.
El gobierno contaba con 8,790 empleados transitorios, hasta diciembre de 2016, de acuerdo a un estudio que hizo la Oficina de Gerencia y Presupuesto en febrero de este año. Según el secretario, la reducción es menor a la que se hizo bajo la pasada administración gubernamental, que alcanzó los 3,210 contratos eliminados en el año fiscal 2016-2017.
La norma, sin embargo, es que el Gobierno cada término ha mantenido entre 5 mil y 6 mil empleados transitorios por año fiscal, con excepción del periodo 2015-2016, que alcanzó los 12 mil empleados, según la información de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
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“Con el nuevo presupuesto fiscal, estamos hablando de que después de evaluar la necesidad y la posibilidad fiscal de cada agencia, el total va a ser 6,300 transitorios a un término adicional”, apuntó el secretario.
De acuerdo a Rosario Cortés, el número total podría aumentar próximamente, aunque no se especificó fecha ni cantidad específica. Según el secretario, la titular de Educación, Julia Keleher, identificó un nuevo programa de fondos federales con los cuales se podría traer de vuelta al Departamento la gran mayoría de los empleados transitorios de Educación a los cuales el gobierno no les renovará el contrato, con excepción de los que decidieron jubilarse.
Rosario Cortés explicó que del total de 2,490, aproximadamente 2 mil de ellos son empleados de Educación. El restante de los contratos no renovados afectaría en menor escala al Departamento de la Policía y otras agencias.