Evelyn Beatriz Hernández Cruz, una salvadoreña de 19 años, fue condenada a 30 años de prisión acusada de homicidio agravado tras sufrir un aborto.
La sentencia se dio a conocer el miércoles por la noche en el país centroamericano y el jueves por la tarde Amnistía Internacional condenó los hechos a través de un comunicado. “La ley antiaborto de El Salvador no causa más que dolor y sufrimiento a innumerables mujeres, niñas y sus familias. Va en contra de los derechos humanos y no tiene lugar en ese u otro país”, señalaba el texto.
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Evelyn se embarazó a los 18 tras enfrentar violencia sexual en la pequeña comunidad donde vivía. Dice que no denunció la violación por miedo ni se dio cuenta de que estaba embarazada, pero el 6 de abril de 2016, cuando estaba en su casa, sintió fuertes dolores en el vientre y fue al servicio sanitario, donde se desmayó.
De acuerdo a sus alegatos, su madre buscó ayuda parta trasladarla al hospital Nuestra Señora de Fátima, de la ciudad de Cojutepeque, donde fue atendida por una hemorragia vaginal producto de un parto extrahospitalario, pero no daba razón del recién nacido. Según dijo, no sabía que había abortado.
Las autoridades iniciaron la investigación, rescataron el cuerpo sin vida del bebé y en un primer momento fue acusada de haber tenido un aborto provocado, pero luego se cambió la tipificación del delito por homicidio agravado. Evelyn ha estado presa en la cárcel de mujeres desde el incidente.
Sara García, defensora de los derechos de las mujeres del Colectivo Feminista en El Salvador, dijo a The Associated Press que el caso de Evelyn es similar al de otras jóvenes que viven en situación de pobreza. Según aseguró, en este tipo de casos no se incorporan evidencias y suele atribuirse la culpabilidad desde un inicio a pesar de que el embarazo es producto de abuso y violencia sexual.
De acuerdo a cifras del colectivo al que pertenece García, cada año hay más de 25.000 mujeres embarazadas después de sufrir violaciones. Sin embargo, junto a Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile, El Salvador es uno de los cinco países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones.
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La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y de realizarlo, tanto las mujeres como los médicos serían juzgados en los tribunales de justicia. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años.
No obstante, en casos como en el de Evelyn, si el delito se cambia a homicidio agravado —aquel provocado en razón de parentesco de la víctima y el victimario— estas mujeres pueden ser condenadas entre 30 y 50 años de cárcel.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, ha señalado que en El Salvador las mujeres procesadas por abortos son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes.
