Con el propósito de auditar la deuda del país se creó la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, una organización sin fines de lucro fundada por miembros de la entidad que fue instituida por ley y que recientemente fuera derogada por el actual gobierno.
La organización indicó en una comunicación escrita que la Comisión se propone completar los trabajos iniciados por entidad creada bajo la Ley 97 de 2015 para conocer, de manera detallada, el proceso y las decisiones que llevaron al endeudamiento público de $72 mil millones, cuyos efectos económicos y sociales comienzan a afectar a la ciudadanía en general.
Los primeros integrantes de esta comisión son el líder sindical Roberto Pagán, quien presidió el organismo original, y los pasados comisionados Irma Hilerio, representante del sector cooperativo, José Israel Alameda, economista y catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, José A. González Taboada, contador y catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y Edwin Colón, economista y representante del sector comercial. “No debemos conformarnos con la negativa del gobierno y los principales partidos políticos a que se lleve a cabo esta auditoría. El pueblo se juega su futuro con las decisiones y las negociaciones que se realizan sin la transparencia reclamada mayoritariamente”, declaró Pagán.
“Las finanzas de la comisión serán públicas y debidamente auditadas por un ente externo; estarán disponibles para inspección; y sus informes detallados serán publicados periódicamente en medios de comunicación masiva y digitales”, aseguró.
La nueva comisión cuenta con el respaldo y apoyo del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, organización que ha iniciado un proceso dirigido a reclutar comisionados adicionales que aporten a una mayor diversidad de perspectivas de la sociedad civil. Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente, indicó que también desarrollarán una amplia campaña de recolección de fondos para cubrir los costos de funcionamiento de la comisión ciudadana, incluyendo la contratación de peritos con la experiencia e independencia necesaria para llevar a cabo las auditorías correspondientes.