El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, señaló hoy que la nueva orden de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), de recortar unos $13 millones adicionales a la partida asignada a la Asamblea Legislativa en el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, “no tiene una razón de ser” y no descartó impugnar la reducción presupuestaria en los tribunales.
“Si el gobernador no va (a los tribunales) nosotros tenemos la capacidad legal para ir, eso es una decisión que nosotros evaluaremos en su momento”, apuntó.
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De acuerdo Méndez, con el nuevo recorte ordenado por la JSF, la reducción total a la Rama Legislativa ascendería a unos $26 millones.
“Yo les voy a dejar algo claro, los $13 millones no están de más, nosotros hicimos recorte aquí por $11.1 millones y si le sumamos $2 millones que le recortamos a donativos legislativos, estamos hablando de cerca de $14 millones, así que la Asamblea Legislativa hizo su ejercicio”, afirmó el líder de la Cámara, en respuesta a preguntas de Metro.
“Esta imposición de la Junta de $13 millones adicionales no tiene una razón de ser, pero si el señor gobernador accede a aprobar lo que la junta a recomendado, sencillamente tendremos que tomar cartas en el asunto”, añadió.
Asimismo, Méndez dijo que ante un recorte adicional de $13 millones, la Cámara de Representantes tendría que despedir entre 500 o 600 empleados públicos transitorios que emplea dicho cuerpo.
“La pregunta que nos tenemos que hacer es si es más conveniente dejar más de 500, 600 empleados en la calle, pese a que ya la Asamblea Legislativa hizo los recortes”, apuntó, añadiendo que ese cálculo es sólo en la Cámara, que emplea “mil y pico” de empleados, sin contar los del Senado.
“No hay otra manera”, afirmó.
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El representante cuestionó por qué la JSF ordenó nuevos recortes a la Legislatura y no a la Rama Judicial.
“La única pregunta que yo me hago es por qué no han hecho lo mismo con la Rama Judicial, solamente ha sudo la Rama Legislativa, nada con la Rama Judicial”, apuntó.
Méndez dijo que luego de la orden de la Junta, no había habido ninguna comunicación hasta el momento con el gobernador Ricardo Rosselló. El presidente de la Cámara insiste en que el gobernador puede impartir un veto de línea sobre la orden de la JSF.
“Esto es una decisión que ha tomado la Junta de Control Fiscal, nosotros veremos a ver si el señor gobernador la avala y tendremos que tomar unas decisiones drásticas, pero la Legislatura tiene que seguir funcionando”, expresó.
Sin embargo, la ley PROMESA establece que si el Ejecutivo y la Legislatura no logran aprobar un presupuesta que a su juicio cumpla con los estándares del Plan Fiscal aprobado, entonces el presupuesto quedará aprobado con las enmiendas que haga y certifique la Junta.
El nuevo presupuesto del año fiscal 2017-2018 entrará mañana en vigor.
