Representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) anunciaron hoy la radicación de una resolución para investigar las prácticas de las compañías de reclutamiento de personal en Puerto Rico para trabajar en empresas localizadas en los Estados Unidos.
Los legisladores Yashira Lebrón, Guillermo Miranda, Joel Franqui y Luis Alberto Banchs también informaron que están evaluando legislación para regular aún más esta naciente práctica en el país.
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“Los tiempos de crisis económica por la cual atravesamos ha forzado a muchos puertorriqueños a experimentar en la búsqueda de trabajo. Recientemente ha salido a relucir que empresas reclutadoras de personal aquí, en la Isla, les han vendido sueños a nuestros ciudadanos sobre grandes ofertas de trabajo en diferentes Estados. Muchos de estos dejan todo atrás para perseguir estas alegadas oportunidades. Lamentablemente algunas ocasiones el sueño se convierte en pesadilla, pues los trabajos no eran nada de cómo se los vendieron estas empresas. Es por eso que vamos a iniciar una rigurosa investigación sobre este asunto”, comentó Lebrón, quien también preside la Comisión de Asuntos del Consumidor en la Cámara de Representantes.
Miranda sostuvo que desde hace algún tiempo, decenas de ciudadanos se han comunicado con la Asamblea Legislativa para expresarles a sus miembros sus preocupaciones en torno a esta situación.
“Muchos conocen el caso de Carolina del Sur. Recientemente una empresa de reclutamiento de personal, Joint Alliance Staffing, buscaba empleados para trabajar en una fábrica de empaques en el mencionado estado. Fueron sobre 150 puertorriqueños los que aceptaron la oferta, pues esta compañía les prometía salarios de sobre $500 a la semana, mas alojamiento y comidas. Inclusive, hasta le pagaban el pasaje de avión y gastos de transportación. Sin embargo, la realidad fue otra, pues la empacadora, Country Fresh, no sabía lo que estaba pasando y de la manera que se estaban reclutando el personal. Por eso es importante esta investigación”, dijo el legislador por Morovis, Vega Alta, Vega Baja y Manatí.
Por su parte Franqui, presidente de la Comisión de Agricultura, indicó que se estará radicando legislación para fijar responsabilidad criminal a los funcionarios de estas empresas.
“Estas personas jugaron con la vida y el bienestar de cientos de puertorriqueños y eso no debe volver a pasar. En esta investigación estaremos evaluando todo, inclusive referidos al Departamento de Justicia, así como a las autoridades federales. Lo que sí quiero dejar claro, no vamos a dejar a estos ciudadanos desprovistos de ayuda por actos irresponsable e ilegales de unos cuantos”.
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Banchs resaltó que durante el proceso se citaran a todas estas empresas para auscultar sus prácticas de negocio. También se citaran a ejecutivos de Country Fresh, al igual que a los trabajadores timados por Joint Alliance.
“Muchas de estas empresas, después que las cogen en el timo, se disuelven y las mismas personas crean otra compañía, para el mismo fin, pero con nombre diferente. Esa práctica la vamos a evaluar. Aquí se van a fijar responsabilidades a todos los que estuvieron envuelto en esta situación y en otras similares. La era de la impunidad término”, sentenció el representante por Ponce.
