Jaime Perelló, expresidente de la Cámara de Representantes, tendrá que defenderse ante la justicia. Ayer el juez Enrique Figueroa, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto en su contra por nueve acusaciones relacionadas con violar la Ley de Ética Gubernamental, la Ley para el Financiamiento de Campañas y el Código Penal.
El magistrado le impuso una fianza de $500 dólares por cada cargo, que el exfuncionario pudo prestar ayer mismo. La vista preliminar está pautada para el 15 de agosto.
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“Vamos a salir bien de todo. Yo estoy muy tranquilo”, dijo ayer el exlegislador a su salida del tribunal.
La investigación contra Perelló comenzó luego del juicio federal del exrecaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández. En el proceso judicial salió a relucir que el exrepresentante presuntamente utilizó sus influencias para favorecer el otorgamiento de un contrato a una compañía propiedad de Hernández y su socio Héctor Vargas.
El acuerdo fue para que la empresa 3Comm Global instalara un cuadro telefónico en la Cámara de Representantes, que, de hecho, nunca funcionó.
Una vez culminó la vista, el abogado de Perelló, José Andreu Fuentes, se quejó del proceso de radicación de cargos. Sostuvo que “es la primera vez que en una vista para encontrar causa para arresto puede entrar la prensa”.
“Pudieron ver cómo empezó y cómo se están cambiando las reglas en este proceso simple y sencillamente porque es un proceso de mucha cobertura pública”, continuó.
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De la misma forma, Glenn Rivera Pizarro, quien fue ayudante de Perelló en la Cámara baja, irá a juicio por cuatro cargos. De acuerdo con los fiscales del caso, Leticia Pabón y Ramón Mendoza, Pizarro intervino en el otorgamiento del contrato a la compañía de Hernández e intimidó a Víctor Burgos, exdirector de Tecnología de la Cámara, para los mismos fines.
Por su parte, José Carrión y Ángel Muñoz tienen 15 días para probar por escrito al Tribunal que el Panel del Fiscal Especial Independiente no tiene jurisdicción para acusarlos por estos no ser funcionarios públicos. Las acusaciones de ambos están relacionadas con la recaudación de fondos de la campaña de Perelló.
El juez declaró no causa contra Ivelisse Reyes, tesorera de la campaña electoral del expresidente cameral. Según dijo Figueroa, “hay incongruencias” en lo presentado por los fiscales. Ambos, Pabón y Mendoza, dijeron que evaluarán ir en alzada contra Reyes.
A la extesorera se le imputó haber mentido en un informe sobre donativos de campaña.
Según Mendoza, Hernández, Vargas y Burgos figuran como testigos del caso. Asimismo, la Oficina del Contralor Electoral, la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental colaboraron en la investigación.
Cuestionan testimonio de Anaudi
De acuerdo con Andreu Fuentes, Hernández, durante el juicio federal que enfrentó, nunca implicó a Perelló en el otorgamiento del contrato a la compañía 3Comm Global. Por tal razón, cuestionó que la fiscalía utilizara ayer como prueba una declaración jurada de este.
“A pesar de que se le preguntó, nunca implicaron al señor Jaime Perelló en el asunto del contrato del teléfono”, sentenció Abreu. Añadió que Hernández diría cualquier cosa para reducir su sentencia.
Sobre esto, la fiscal Pabón dijo a los medios que “ellos no han leído la declaración jurada”. Afirmó también que el testimonio está acompañado de otros documentos.
