Persiste el choque entre Rosselló y la Junta

El Gobierno de Puerto Rico enfrenta una semana difícil con la latente amenaza de un recorte de jornada, peticiones para que el gobernador rete a la Junta en tribunales y la vista de mañana sobre el Título III de PROMESA

Por Miladys Soto

Mientras el primer ejecutivo se reafirma en que la sección 205 de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) le da la potestad de aceptar o no el recorte de la jornada de los empleados públicos y el bono de Navidad, el presidente ejecutivo del ente federal, José Carrión, sostiene que no fue una recomendación, sino un acuerdo para la aprobación del plan fiscal.

Además, no paran los reclamos al primer ejecutivo para que lleve la Junta a los tribunales. En esta ocasión, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Raúl Torres Cruz, reclamó que se cite a una sesión de interpelación en Cámara y Senado.

Sostuvo a la agencia Cybernews que es necesario que los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado tengan la oportunidad de preguntar y aclarar con el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III, cuáles han sido las exigencias y pautas exigidas y establecidas por la Junta de Control Fiscal para el presupuesto del Gobierno del año fiscal 2017-2018, que acaban de aprobar en la Asamblea Legislativa.

¿Quién tendrá la razón al final del día?

Según el analista político Carlos Pesquera, los mencionados recortes serían el comienzo de la austeridad y “tendrían un impacto no solo en los empleados públicos, sería en la economía y en general”. El también ingeniero expuso que la batalla que lleva el Gobierno y la Junta hasta el momento la ha ganado el gobernador, quien, al mostrarse en contra de los recortes, gana el favor de los empleados públicos.

“El gobernador es un poco más eficiente en esa dirección porque se expresa sobre el asunto, está apoyando mantener la jornada laboral de los empleados públicos, pero carece de una explicación, no elabora una justificación contundente para lo que está pidiendo”, agregó.

Finalmente, Pesquera expuso que el gobernador deberá demostrar que cuenta con los fondos para final de año para no dar paso al recorte de un 20 por ciento de la jornada laboral de los empleados públicos.

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