La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones de la Oficina de Combustible de la Autoridad, en cuanto a la reglamentación, la compra de combustible, los desembolsos, el recobro de los costos por el alquiler de tanques a los proveedores de combustible y del registro y envío de contratos a la Oficina de la Contralora.
Además, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 273-2003, el plan requerido por la Ley 236-2010 y el archivo de documentos fiscales.
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El Informe revela que la Autoridad llevaba hasta 19 años sin actualizar la reglamentación que rige los procesos de compra de combustible conforme a los cambios administrativos, operacionales y organizacionales. Esta situación podía propiciar que no se observaran procedimientos uniformes ni adecuados, con los consecuentes efectos adversos para la Autoridad.
La auditoría de siete hallazgos señala múltiples deficiencias contables como: el subarrendamiento -mediante correo electrónico y no en un contrato formal- de los tanques de combustible por $2.3 a un proveedor; no se había facturado $1.9 millones a tres proveedores de combustible en el 2012, sino hasta que nuestros auditores solicitaron información; los programas de facturación no estaban integrados al sistema de la Autoridad; y la información de los depósitos recibidos en las cuentas del banco de la Autoridad no era confiable, entre otros.
De hecho, el Informe comenta que el Departamento de Justicia realiza una investigación debido a que varios proveedores de combustible facturaban a base del 100% del volumen de venta aun cuando gozaban de un 60% de exención contributiva. Además, le facturaban a la Autoridad el .5% de tasa contributiva municipal cuando en realidad pagaron patente de .25% y .4%.
Nuestros auditores identificaron que la Supervisora de Compras realiza funciones conflictivas ya que además de la responsabilidad de verificar las facturas, las prepara, tramita y realiza ajustes. Además, contrario a la Ley 18 y a la Reglamentación 33, la Autoridad no había remitido a la Oficina del Contralor, copia de un contrato y enmienda por $507 millones por los cuales ya había pagado unos $306 millones antes de haberlos registrados en nuestra Oficina.
Además, la dilación en la entrega de documentos por parte de la Autoridad, dificultó la labor de nuestros auditores. En 175 ocasiones solicitamos documentos que por dejadez y diligencia por parte de los funcionarios se demoraron hasta 516 días en entregarlos, esto a pesar de las tres reuniones con los directores ejecutivos y dos, con el Presidente de la Junta de Gobierno en las cuales le solicitamos su intervención.
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Nuestros auditores colaboraron con la Comisión Especial para el Estudio de las Normas y Procedimientos Relacionados con la Compra y Uso del Petróleo por la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y de Integridad Gubernamental establecida por el Senado el 19 de mayo de 2014. La investigación reveló, entre otras, irregularidades en los estados financieros de los licitadores y en el rembolso de las patentes, manipulación de las curvas de calibración para el análisis de combustible, patrón de favoritismo con un laboratorio que realizaba los análisis de combustible, y múltiples violaciones de ley en la contratación de dos proveedores que habían sido convictos, o culpables de delitos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos.
El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de enero de 2017 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
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