El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) denunció hoy que la Cámara de Representantes evaluará un proyecto que “atenta” contra la vida de la comunidad LGBTTIQ del país, además de avisar que hay ganas de discrimen en la legislación.
El grupo representantivo de la comunidad expresó que para las vistas públicas del Proyecto de Ley 1018 se le dio más espacio a las personas u organizaciones que están a favor de su aprobación.
“En las vistas públicas del PC 1018 se limitaron los turnos de entidades que se oponían al proyecto, mientras organizaciones como Puerto Rico por la Familia tuvieron amplio espacio para deponer, así como sus abogados, el abogado del representante Carlos “Johnny” Méndez y Mujeres por Puerto Rico, que es parte de la red de grupos fundamentalistas que impulsan el proyecto”, explicó el abogado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.
Según Burgos Pérez, solo se permitió deponer en contra a CABE y al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
“Si hubieran permitido que depusieran otros grupos de derechos humanos, universidades y asociaciones profesionales, seguramente la mayoría hubiera rechazado el proyecto por sus implicaciones para la salud pública, el acceso a servicios y los derechos humanos en general”, añadió el licenciado.
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Igualmente, avisaron que la representante María Milagros ‘Tata’ Charbonier Laureano quizo darle instrucciones al Departamento de Justicia —quien rechazó el proyecto— a que trajera una ponencia enmendada anunciando el apoyo. Chabonier Laureano y Méndez Núñez estuvieron molestos con la posición de Justicia, según otra portavoz del grupo, la abogada Amárilis Pagán Jiménez.
“Mientras se marcha por la Equidad, en la Cámara se legisla para permitir que se discriminen las personas LGBTTIQ”.
El movimiento argumentó que proyectos similares se han impulsado en Estados Unidos por entidades “clasificadas como grupos de odio por organizaciones de derechos humanos” como el Southern Poverty Law Center.
“Es preocupante que en la legislatura se de espacio a que grupos como esos asuman el liderazgo en procesos legislativos para impulsar una agenda que pretende imponer al país sus creencias religiosas particulares y con ellas, la homofobia y el discrimen”, determinó Pagán.
“En la medida en que se fomenta el odio y el discrimen se da permiso para que nos agredan y nos asesinen. Proyectos como este son un atentado contra la vida, seguridad y desarrollo pleno de las personas LGBTTIQ”.
“Bajar el PC 1018 a votación el día en que se marcha por la Equidad (Día de Orgullo Arcoíris) es un insulto a las comunidades LGBTTIQ, pero también al resto del país. En la medida que se atenta contra las diversidades y la verdadera libertad religiosa tratando de imponer las creencias de un solo sector se empobrece nuestra democracia y los derechos de todas y todos están en riesgo”, concluyó el CABE en declaraciones escritas.