La Asociación de Cannabis Medicinal de Puerto Rico (Puerto Rico Medical Cannabis Association, PRMCA) urgió el domingo, al gobernador y a la Legislatura, que reconsideren las enmiendas introducidas en el Senado al Proyecto 340, que establecería la Ley para Regular a la Industria del Cannabis Medicinal.
“Las enmiendas sobre el uso de la flor al proyecto del cannabis destruyen por completo la Industria Medicinal. Las enmiendas introducidas en el Senado al Proyecto sometido por el gobernador Ricardo Rosselló van en contra de la política pública establecida en su plan para Puerto Rico, de desarrollar una industria medicinal eficiente para el beneficio de los pacientes”, explicó Ingrid Schmidt, presidenta de la PRMCA.
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La portavoz dijo que las enmiendas introducidas tienen el efecto tácito de eliminar el uso de la flor como mecanismo de dispensación y establecen un proceso “extremadamente burocrático” para que los pacientes puedan obtener su alivio con dicho producto.
Para la Asociación, quienes fueron los primeros en endosar la medida cuando fue radicada por el gobernador, a quien único benefician estas enmiendas es al mercado negro y a aquellos mercaderes del cannabis cuyo modelo de negocio depende exclusivamente del procesamiento químico de la planta. Además, provocarían que muchas de las empresas que ya están prestando servicios a pacientes tengan que cerrar.
“Muchos pacientes, lejos de buscar pasar por un proceso en extremo burocrático en el que un Cuerpo Asesor les autorice el consumo de la flor, optarán por regresar al mercado ilegal. Y lo peor de todo es que estas enmiendas se hayan dado a conocer públicamente a solo horas de que culmine la sesión ordinaria y que se aprobaran literalmente, en la oscuridad de la noche. Esto da al traste con el compromiso de transparencia que hizo el gobierno con los pacientes”, añadió Schmidt.
Las nuevas restricciones ya tienen sumamente preocupados a los pacientes que podrían quedar desprovistos de tratamiento, se advirtió.
“Es insólito pensar que un paciente autorizado al tratamiento de cannabis con una condición terminal y con sus capacidades físicas limitadas, optará por someterse a un nuevo trámite burocrático para que un grupo de personas ajenos a su condición y a su padecimiento decida por encima de la recomendación de su médico si obtendrá o no acceso a la calidad de vida que necesita. Esto es equivalente a condenarlo a la pena de muerte, porque muy bien el paciente puede morir esperando que un grupo de personas determine lo que es mejor para él”, reclamó, por su parte, Narely Cortés, paciente autorizada de cannabis medicinal.
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“Reiteramos nuestro llamado al Gobernador y a los legisladores para que enmienden la medida y eliminen el proceso burocrático que confiere a un grupo asesor decidir el tratamiento de un paciente por encima de la recomendación de su médico. Igualmente, invitamos al gobernador a defender su medida de aquellos cuyo único propósito es imponer el fanatismo sobre la razón,” concluyó la presidenta.
El grupo no descarta solicitar públicamente al gobernador que vete la medida si las enmiendas se mantienen.
