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DACO señala deficiencias a la Ordenanza 26 de Cabo Rojo

Los residentes de ese municipio tronaron hace unas semanas contra la Iniciativa Naranja

bolsas naranja

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El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) advirtió este jueves, que la venta de las “bolsas naranja” por parte de los establecimientos comerciales pudiera estar en violación al Reglamento Conjunto de Alternativas de Pago al sólo aceptar pagos en efectivo y al de Anuncios Engañosos si no cumple con las especificaciones de tamaño por las que se paga.

“En lo referente a la Ordenanza, el DACO no ostenta jurisdicción sobre el Municipio de Cabo Rojo. Ahora bien, el Departamento sí tendría jurisdicción para intervenir en aquellos casos donde los establecimientos comerciales que venden las bolsas naranjas incumplan con alguna de las leyes y reglamentos que administra el Departamento”, explicó el secretario en vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado, que preside la senadora Evelyn Vázquez en declaraciones escritas.

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De acuerdo a Michael Pierluisi, según la información recibida en el Departamento, los establecimientos comerciales que venden las “bolsas naranjas” sólo están aceptando efectivo como método de pago en violación al Reglamento Conjunto sobre Alternativas de Pago por Servicios Licenciados y Establecimientos Comerciales en Puerto Rico conforme a la Ley Número 42-2015, Reglamento Número 8851 de 18 de noviembre de 2016.

“Cabe mencionar que el Departamento no ha recibido querellas sobre el asunto aquí en discusión. No obstante, sí hemos recibido consultas sobre si el Departamento tendría jurisdicción para atender reclamaciones referentes a que las bolsas en cuestión no tengan – en efecto – los 15 ó 30 galones de capacidad que se anuncian. De ser ese el caso, esto constituiría una violación al Reglamento contra Anuncios y Prácticas Engañosas, Reglamento Número 8599 de 29 de mayo de 2015”, sostuvo.

DACO recomendó que se tome en consideración los comentarios de la Autoridad de Desperdicios Sólidos debido a que esa es la agencia con el deber ministerial de establecer y ejecutar la política pública concerniente a los aspectos técnicos, administrativos y operacionales del manejo de residuos sólidos. Además, es la agencia encargada de formar consorcios con los municipios para establecer planes de reciclaje.

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