El representante Jorge Navarro Suárez calificó de tardía la decisión de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, de ordenar la cancelación del contrato de Miguel Sosa, quien laboraba en el programa World Force Innovation and Opportunity Act (WIOA) del municipio y que fue detenido hoy por agentes federales por un alegado esquema de fraude millonario.
“La decisión de Carmen Yulín es tardía. Esto es un claro ejemplo de la mediocridad de su administración en el Municipio de San Juan. Este tipo de situaciones son intolerables y un buen líder y buen jefe debe tener conocimiento y control de las manzanas podridas que hay un su administración para así tomar las medidas correctivas necesarias a tiempo”, dijo el legislador del distrito 5 (San Juan y Aguas Buenas).
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“O la alcaldesa es incapaz de supervisar a su equipo de trabajo, o conoce de irregularidades como estas y se hace de la vista larga”, dijo.
Asimismo, el representante indicó que es un ejercicio fútil que se realice una auditoría interna sobre el contrato de Sosa y de un contrato previo que mantuvo hasta el pasado mes de abril en el Departamento de Recreación y Deportes del municipio de San Juan.
Sosa figura entre los arrestados por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y acusados por un gran jurado por enriquecimiento ilícito, conspiración y otros delitos de corrupción.
Entre los detenidos destaca Ramón Orta, exsecretario de Recreación y Deportes (DRD) bajo el gobierno de Alejandro García Padilla.
El exfuncionarios habría recibido pagos en efectivo y trabajos de construcción en su residencia como parte del esquema de fraude.
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“La alcaldesa debe revelar los detalles del contrato de Miguel Sosa, pues esa información ella debería saberla. No podemos esperar que se lleve a cabo una auditoría para que el pueblo sepa cuánto dinero se ganó este individuo mientras defraudaba al DRD y se lucraba de fondos federales de manera inmoral. No podemos dejar de mencionar que este sujeto también laboró en la campaña política del Partido Popular Democrático (PPD) y el excandidato a la gobernación, David Bernier, por lo que no nos sorprendería que esquemas parecidos se hayan perpetrado en la colectividad”, denunció Navarro Suárez.
De otra parte, el también presidente de la Comisión de Gobierno dijo que este caso se suma a los que se han divulgado en meses recientes, como el de la exrectora del Colegio Universitario de San Juan (CUSJ), Haydée Zayas Hernández y el aumento a la matrícula de esa institución, por lo que la alcaldesa la destituyó.
Además, esta funcionaria fue la que otorgó un contrato por más de 14 mil dólares a Jaycelin Hernández Pérez, hermana del exrecaudador del PPD, Anaudi Hernández y que en medio de ese escándalo se supo que la rectora no firmó los contratos de 23 profesores universitarios, por lo que estos no habían cobrado por sus servicios y tuvieron que suspender sus clases.
“Una vez más queda en entredicho la capacidad administrativa de la alcaldesa de San Juan, que quiere gobernar este país en el 2021. Funcionarios así no pueden liderar los destinos de Puerto Rico. Necesitamos gente honesta y comprometida para que hagan su trabajo correctamente. Necesitamos líderes capaces de supervisar y de mantener el control de sus empleados para asegurar el buen funcionamiento del gobierno en beneficio de los constituyentes”, sostuvo el legislador.
