El exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta, quien fue arrestado hoy en su residencia en Guaynabo por agentes del FBI tras ser acusado de obtener fraudulentamente millones en fondos federales, sometió en el tribunal federal una alegación de no culpabilidad en el caso.
Además, salió en libertad bajo fianza tras una determinación de la jueza Camille Vélez Rivé, lo mismo que los otros seis detenidos por el caso.
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Orta afronta 50 cargos por obtener fraudulentamente fondos federales.
Además del exfuncionario de la administración de Alejandro García Padilla fueron detenidos Edgardo Vázquez Morales, Oscar Rodríguez Torres, Miguel Sosa Suárez, Irving Riquel Torres Rodríguez, Cecilia Amador López y Juan Carlos Ortiz Nieves.
En una conferencia de prensa, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez indicó que Orta y los otros detenidos obtuvieron millones de dólares gracias a la obtención de fondos federales de forma fraudulenta entre 2013 y 2016.
Los cargos incluyen fraude electrónico, fraude postal, robo de identidad agravada y lavado de dinero.
Los detenidos se exponen a diez años por conspiración para defraudar al gobierno de Puerto Rico y al del EEUU, así como a 20 años por el fraude postal y el lavado dinero.
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Igualmente, arriesgan dos años por cada cargo de robo de identidad.
Rodríguez Vélez informó que los detenidos “buscaban beneficiarse y enriquecerse con fondos del gobierno de EEUU y el estatal. Orta usó su posición para solicitar fondos federales de Educación y la Administracion de Vivienda Pública (AVP) usando información falsa”.
Agregó que “inflaban los precios de servicios a ser provistos y las diferencias se la repartían. Usaban las ganancias para viajes (a México y Canadá, en el caso de Orta), inversiones y compras para campañas políticas y su partido”.
Entre los detenidos se cuenta a Edgardo Vázquez Morales, ayudante especial de Orta y Oscar Rodríguez, dueño de Rosso Group, el CPA Miguel Sosa Suárez y Juan Carlos Ortiz Nieves, quien creó empresa para obtener los fondos del DRD.
Según la fiscal federal, los involucrados obtuvieron fraudulentamente cerca de diez millones de dólares, en fondos estatales y federales.
