El anuncio de una medida que presentará el gobernador Ricardo Rosselló, que eliminaría el dinero asignado a los partidos políticos proveniente del fondo general para su operación, no cayó bien entre los miembros de la oposición.
Y es que, según miembros de diversos colectivos políticos, el proyecto aumentaría la corrupción y trastocaría la democracia del país.
Según dijo Rosselló ayer, la pieza que presentará cambiaría la Ley 222 del año 2011, para que se elimine la asignación de $400,000 anuales en años no eleccionarios y de $600,000 en años de elecciones para gastos administrativos de cada partido político. Esa cantidad representó un gasto de $1.2 millones este año y más de $1.6 millones en el año 2016.
“La subvención a los partidos políticos se da para que el Estado pueda tener derecho a solicitarle que cumplan con una serie de requerimientos que están contenidos en la Ley Electoral. Si el Estado le quita los subsidios, no tendría derecho a reglamentarlos”, afirmó Gerardo “Toñito” Cruz, excomisionado electoral del Partido Popular Democrático.
Añadió que la movida del Partido Nuevo Progresista tiene la intención de evitar ser fiscalizados por el Gobierno cuando reciben donativos políticos para operar su colectividad. “El partido podría levantar todos los fondos que quiera para operar y hasta cabe la posibilidad de que no tenga que divulgarlos”, sentenció. Agregó que “eso es peligroso para la democracia, porque el que está gobernando siempre va a tener más poder que los demás”.
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Por su parte, Rafael Bernabe, excandidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador, sostuvo que eliminar la financiación pública de los partidos políticos hará que las colectividades dependan exclusivamente de fondos privados. Argumentó que esto incrementará la corrupción, pues se dará la práctica de favorecer a los donantes a cambio de legislación.
Además, mencionó que depender de fondos privados conlleva mayor desigualdad para las opciones políticas de minoría. “Habrá partidos que favorecen a los grandes intereses que van a tener mucho dinero y va a haber otros partidos que no”, acotó.
El también profesor abogó por una reforma electoral que prohíba los donativos privados, al tiempo que asigne a los partidos políticos un tope de fondos públicos para su operación. Esto, sentenció, les pondría en igualdad de condiciones durante una elección.
Juan Dalmau Ramírez, senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), señaló que la eliminación de dicho subsidio es una iniciativa correcta pero insuficiente.
“La iniciativa va en la dirección correcta, pero se queda corta. Hay que ir más lejos. Si realmente se quiere responder a la realidad de la crisis económica y fiscal actual del país, no solo se debe eliminar el fondo electoral, sino que se debe eliminar también el multimillonario sistema del pareo para el financiamiento de las campañas políticas y el subsidio de transportación de electores en eventos electorales”, subrayó el también secretario general y excomisionado electoral del PIP.
También dijo que, si no se adoptan medidas restrictivas, será limitado el ahorro de fondos públicos y, además, que el partido de gobierno recibirá —sin fiscalización ni restricciones— aportaciones exorbitantes del inversionismo político.
Mientras, Rosselló comentó ayer en una rueda de prensa que la medida responde a que “estamos en una situación fiscal donde todo el Gobierno ha tenido que hacer unos ajustes”.
Aplaude la medida
Para la comisionada electoral del PNP, Norma Burgos, el proyecto del ejecutivo obligará los partidos políticos a darse cuenta de que vivimos en un país en crisis económica. Afirmó que los recortes deben aplicarles a todos, incluyendo a los movimientos políticos, dando paso a más oportunidades a los sectores vulnerables.
Sobre la alegación de que se podría violar la ley intercambiando medidas legislativas por donativos, la también planificadora destacó que hay fuertes restricciones en el país para esta práctica. Mencionó que les caerá todo el peso de la justicia a quienes obren contrario a la ley.
Mientras, Rosselló comentó ayer en una rueda de prensa que la medida responde a que “estamos en una situación fiscal en la que todo el gobierno ha tenido que hacer unos ajustes”.