La mitad de los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico, que fuera brazo financiero del Gobierno de la isla, firmaron el acuerdo de reestructuración de la entidad pública.
La estatal Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) informó hoy a través de un comunicado de que ese apoyo de los tenedores de deuda del BGF supone un paso decisivo hacia la reestructuración consensuada bajo el título IV de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).
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“Significa -la firma por parte de los acreedores- un paso importante en la reestructuración del BGF. Quiero agradecer a los ‘bonistas’ del BGF por su continua negociación en buena fe y su compromiso a una transacción consensual”, señala en el comunicado el presidente de la AAFAF, Gerardo Portela.
El acuerdo alcanzado entre los acreedores y las autoridades puertorriqueñas permite a ‘bonistas’ y depositantes intercambiar sus créditos por uno de los tres tipos de bonos que emitirá una nueva entidad municipal y que estos seleccionen.
Estos nuevos bonos tendrán, entre otros términos de pago, diferentes niveles de repago del capital principal y de los tipos de interés, y prioridad de colateral (derecho de los acreedores al colateral o activo financiero que garantiza sus préstamos a fin de que se cubran).
Como parte del acuerdo de reestructuración (RSA, acrónimo en inglés), los acreedores del BGF convinieron reducir sustancialmente la cantidad del capital principal de la deuda.
Esta reestructuración no depende de fondos provenientes del Fondo General del Gobierno central.
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El acuerdo también contempla el pago en efectivo a los municipios de la isla que tienen depósitos en el BGF.
A los acreedores del BGF se les debe casi 4.000 millones de dólares.
La Junta de Supervisión Fiscal establecida por el Congreso de EEUU para afrontar la crisis financiera de Puerto Rico aprobó el pasado abril la liquidación del BGF.
Puerto Rico se declaró en 2016 insolvente para pagar una gigantesca deuda y, ante las amenazas de los acreedores de mantener juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez, solicitó la colaboración de EEUU, país del que es un estado libre asociado.
De ahí surgió la denominada Ley Promesa, aprobada en 2016 por el Congreso estadounidense ante la imposibilidad de que la isla pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de deuda y a raíz de que EEUU se negara a acudir al rescate de Puerto Rico.
