Luego de que los congresistas Raúl Grijalva y Nydia Velázquez, enviaran una carta a la Junta de Control Fiscal, exigiendo que no se firmara el acuerdo de la Puerto Rico Power Authority (PREPA), que cuenta con el endoso del gobernador Ricardo Rosselló y podría aumentar sustancialmente el costo de la luz, el director ejecutivo de la Agencia Fiscal y de Asesoría Financiera (AAFAF), Gerardo Portela Franco, anunció hoy, mediante un comunicado, que la entidad extendió hasta el próximo 23 de junio las negociaciones del acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y sus acreedores.
La decisión de la AAFAF es otra de tantas que ha tomado de extenderle a la corporación pública un acuerdo de reestructuración hasta el próximo septiembre, con ciertos acreedores, por lo que no se incluye en el título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).
El Congreso de EE.UU. aprobó dicha ley para velar por las arcas de la isla, que actualmente es un Estado Libre Asociado de ese país y que está ahogada en una deuda pública de unos 70.000 millones de dólares.
El director de la AEE, Ricardo Ramos, informó en mayo pasado que el itinerario acordado en el acuerdo de reestructuración provee para solicitar el proceso de título VI hasta el 1 de julio de 2017, con el fin de llevar a cabo una reestructuración financiera consensuada con ciertos acreedores de la corporación pública.
El mecanismo de título VI, como actualmente se contempla bajo el acuerdo, incluye sólo a las partes del acuerdo (los tenedores de bonos, las aseguradoras y líneas de crédito de combustible) y no afecta a otros acreedores o proveedores de la AEE.
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El 27 de abril de 2017, la AEE llegó a un acuerdo de reestructuración con el grupo ad hoc de tenedores de deuda de la corporación pública, los proveedores de las líneas de crédito de combustible, las aseguradoras y el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.
El acuerdo de reestructuración logrará un ahorro estimado de 2.200 millones de dólares en el servicio de la deuda para el período de 2018 a 2022.
Además, provee una reestructuración consensual de la deuda, bajo el título VI de la Ley Promesa, sujeto a un itinerario acordado.