El Consejo General del Recinto de Río Piedras, denunció al cuerpo de decanos y acusa a la decana Gloria Díaz Urbina de negligente porque aún no se tramita la elegibilidad para los programas federales que les daría acceso a las becas Pell, a los fondos de Estudio y Trabajo, y a los préstamos estudiantiles.
Las acusaciones —emitidas en un comunicado de prensa— surgen a raíz de que aún cuando el campus retomó labores el pasado 12 de junio, hasta el momento los documentos necesarios para la reinstalación de la elegibilidad a fondos federales no han sido enviados. El recinto de Río Piedras estuvo paralizado por una huelga estudiantil durante 68 días. En el proceso perdieron la elegibilidad a los programas del Departamento de Educación federal.
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“Para que la Universidad pudiera llevar a cabo el proceso de reinstalación y accesar nuevamente a los fondos federales era necesario que se retomaran las labores y se hizo. La administración ha tenido tiempo de sobra y exigimos que preparen los documentos pertinentes para que sean enviados lo antes posible. Parecería que están siendo muy selectivos en administración a la hora de dar la cara por la Universidad y tomar acciones para protegerla. Es necesario que el amor por la Institución que profesamos, en este momento más que nunca, no se quede en discursos gastados, sino que se transforme en hechos”, expresó la presidenta del Consejo General de Estudiantes, Wilmarí de Jesús.
Desde el pasado 20 de abril el recinto de Río Piedras perdió la elegibilidad a fondos federales. Esto no significa que la Institución quedó desacreditada, sin embargo el no hacer los trámites de reinstalación; podría dejar a cerca del 59 % de los estudiantes sin forma de costear sus estudios.
“También emplazamos al cuerpo de rectores para que entreguen los informes auditados de sus respectivos recintos. Esta conducta ha sido una de las observaciones que le ha hecho el Departamento de Educación Federal a la Universidad desde hace ya varios años. De hecho, por este problema persistir es que desde 2013 la UPR ha trabajado bajo una certificación provisional que incluso fue renovada en 2016”, expuso Jorge Rivera, vicepresidente del Consejo General de Estudiantes.
La huelga de los estudiantes tuvo su origen en el recorte propuesto al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y la exigencia de un plan fiscal para que la institución pueda operar con los recortes que se estiman en sobre $420 millones. Para el año fiscal que inicia el 1ro de julio ya habrá un recorte de $202 millones, aunque el Gobierno sostuvo que identificó nuevas fuentes de ingresos a la institución, por lo que el impacto sería de $160 millones. Al final de la huelga, la Universidad culminó sin presidente y sin los miembros necesarios en su Junta de Gobierno.
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