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Mitad de fondos del DE no llegan a estudiantes

Si bien el Gobierno destina miles a cada estudiante, el nivel de aprovechamiento académico es bajo

Keleher

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A pesar de que el Gobierno destina anualmente cerca de $7,500 por cada estudiante, menos de la mitad de ese dinero llega a los salones de clases.

Durante la vista pública del Senado sobre el presupuesto del Departamento de Educación, que el próximo año fiscal será de $2,628 millones, la secretaria Julia Keleher explicó que la asignación por estudiante para el 2017-2018 será de $7,502. No obstante, el 100 % de esa asignación no llega directamente a las escuelas, sino que el 51 % se utiliza para sufragar gastos administrativos a nivel central, gastos de transportación, comedores escolares, proyectos con fondos federales y servicios de educación especial, programa de adultos y vocacional.

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Explicó que a las escuelas llegarán $3,692 por estudiante, lo que representa el 49 % de la asignación que recibirá el Departamento. “En comparación con el año vigente, las escuelas recibirán un incremento del 2 % en la asignación para gastos operacionales”, aclaró la funcionaria en su ponencia ante la Comisión de Hacienda del Senado.
Estableció que proyectan una reducción de matrícula de 365,181 a 350,397 estudiantes.

No obstante, si bien el gobierno destina sobre siete mil dólares por estudiante, la secretaria aceptó, a preguntas del senador Eduardo Bhatia, que los alumnos tienen un “desempeño peor” en comparación con niños de otros países. De hecho, en la ponencia expuso que “el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes en las áreas de español, inglés, ciencias y matemáticas refleja un rendimiento bajo, tanto a nivel local, nacional como internacional”. Aseguró que enfoca sus esfuerzos para optimizar los servicios de educación y destinar más recursos a los estudiantes.

De hecho, aunque el total del presupuesto se redujo, Keleher indicó que la partida para Educación Especial aumentará de $473 millones a $510 millones.

El presupuesto presentado para el próximo año fiscal contempla una reducción de $194 millones en comparación con el vigente. De estos, un 65 % es nómina y 10 % son servicios profesionales.

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