Hoy el cuerpo de rectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) envió un mensaje claro al gobierno del país: la institución continúa operando.
El grupo también indicó en conferencia de prensa que la administración de Ricardo Rosselló ha sido “indiferente” con los reclamos del primer centro docente. Su principal solicitud, se desprende del encuentro, es que la universidad tenga voz en el proceso de recortes presupuestarios que el gobierno le impondrá, que para el próximo año representan unos $202 millones.
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“LA Junta Universitaria (JU) se reunió y comenzó a dialogar cómo se va a manejar esto. La Oficina de Gerencia y Presupuesto ha negado reuniones con el equipo financiero [de la UPR]. El jueves se esperaba que por fin se pudiera llegar a una reunión entre la directora de presupuesto y el director finanzas para ver cuál sería el cuadro de presupuesto de la universidad y no se dio”, afirmó el rector de la UPR en Cayey, Mario Medina.
Al tiempo, el profesor de inglés manifestó que la Asamblea Legislativa canceló la comparecencia de la institución ante las vistas de presupuesto de las Comisiones de Hacienda de ambos cuerpos. Por el contrario, del Capitolio solo le solicitaron a la UPR un memorial explicativo del presupuesto universitario, explicó Medina.
La cita de la universidad ante la Asamblea Legislativa sería el pasado 10 de junio.
Sin embargo, el representante Antonio Soto, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, dijo a Metro que “la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA de la Cámara de Representantes no citó a la UPR a deponer referente a su presupuesto ya que dicha institución fue designada por la Junta de Supervisión Fiscal como una entidad territorial cobijada (covered territorial instrumentality) bajo la Ley PROMESA.
De acuerdo a Soto, dicha ley requiere la certificación de un Plan Fiscal previo a la elaboración de un presupuesto para una entidad territorial cobijada, en conformidad con la sección 202 de la misma.
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“El citar a deponer a la UPR para analizar un presupuesto que no está basado en un Plan Fiscal certificado constituye un ejercicio prematuro y estéril”, agregó. “No obstante, si ellos desean reunirse con este servidor en para aclarar cualquier duda estoy en la mejor disposición de así hacerlo,” añadió.
Por su parte, en la conferencia de prensa Medina denunció que el Senado no ha atendido con prontitud los nombramientos de Walter Alomar y Zoraida Buxó a la Junta de Gobierno de la UPR, cuerpo de mayor rango en la institución y que no cuenta con cuórum para tomar decisiones.
Para el rector, el gobernador y la Legislatura actuaron de prisa al nombrar al Secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, pero no así las sillas de la Junta de Gobierno.
“En este esfuerzo de tardarse en nombrar [a los miembros de la Junta de Gobierno}, han pensado que esta universidad se iba a quedar sin una dirección clara, la universidad sigue operante, con su plan, atendiendo los asuntos”, destacó Medina.
El máximo ente rector de la UPR es necesario no solo para nombrar a un presidente en propiedad y un rector para el Recinto de Río Piedras, puestos que aún están vacantes, sino también para aprobar el presupuesto de las diferentes unidades del sistema.
“Una vez el presupuesto ya esté definido el próximo paso es que el Comité de Presupuesto de la Junta de Gobierno lo evalúe, el pleno lo apruebe y lo someta a recomendaciones; luego lo presenta a la Junta de Gobierno para su aprobación”, informó Ramón González, rector del Recinto de Ciencias Médicas.
Se cocinan los presupuestos de cada recinto
Aun cuando el gobernador Ricardo Rosselló anunció que la universidad recibirá $202 millones menos, número que asciende $227 millones según lo contemplado en la Resolución Conjunta de Presupuesto, los rectores han preparado un borrador que solo contempla una reducción de $149 millones.
Y es que, de acuerdo a lo que mencionaron, los $149 millones fue la cifra que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico había dicho a la Administración Central de la UPR que recortaría.
La JU ha decidido que si el gobierno le reduce más de dicho número, utilizarán los fondos de reserva del primer centro docente y el servicio de la deuda para balancear el presupuesto, al menos para el próximo año.
De acuerdo a lo que informaron, los recintos de Carolina, Ponce, Bayamón y Río Piedras ya presentaron su borrador de presupuesto ante la JU. Entre otras cosas, y como este medio reportó hace unos días, los administradores han decidido congelar plazas docentes y no docentes, así como implementar ahorros de energía eléctrica y agua para enfrentar la reducción de partidas.
Cuestionan la validez de la JU
El rector de la UPR en Carolina, Moisés Orengo, afirmó que recibió una comunicación por parte de la secretaria de la JU en el día de ayer, informándole que no habría servicios de secretaría ni grabación en vivo durante la reunión de dicho cuerpo hoy porque “no lo habían autorizado”.
La funcionaria le indicó también al profesor de física que existe una “opinión legal” que cuestiona las reuniones de la JU.
No obstante, Orengo señaló que la secretaria no pudo precisar quién le dio la orden de no comparecer a la reunión o cuál es la opinión legal.
Según dijo Silka Torres, rectora de la UPR en Arecibo, la JU es el “nivel que garantiza la integración de todo el sistema universitario. El nivel gerencial administrativo de las unidades, se ha mantenido intacto”.
“Sí tenemos que aceptar que a nivel gerencial administrativo sistémico existen vacantes en la presidencia y Junta de Gobierno, pero esto no quiere decir que la universidad no está operante”, agregó Torres.
Para Medina, la JU tiene la autoridad para convocarse a sí misma, pues está concebido en la Ley Universitaria. Además, dijo que los rectores son la máxima autoridad en cada recinto.
