Por: Eliván Martínez Mercado
Centro de Periodismo Investigativo
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El gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal que dirige las finanzas de Puerto Rico pretenden resolver la crisis financiera y económica con más austeridad para la educación universitaria pública que para las corporaciones que reciben privilegios fiscales.
El plan fiscal a diez años que resultó del intercambio entre el Ejecutivo y la Junta implica que el sector privado sólo sufrirá el 17% de los cortes a subsidios, mientras que la Universidad de Puerto Rico (UPR) recibirá el golpe mayor: el 49% de los recortes.
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), creada para atender desde el Gobierno la crisis fiscal y económica, admitió que estableció las proporciones de los recortes sin tener un análisis sobre los subsidios que recibe el sector privado. “La AAFAF está en el proceso de examinar los subsidios existentes para hacer las determinaciones correspondientes”, señaló en un correo electrónico un portavoz de la agencia, refiriéndose a una orden administrativa de marzo de 2017 a ese efecto. La revisión de beneficios fiscales del sector privado es simultánea a una reforma contributiva que prepara la actual administración.
El presupuesto presentado por el gobernador el 31 de mayo, que está supeditado al plan fiscal, indica que para el año fiscal de 2018 la UPR recibirá $203 millones menos en subsidios, mientras que los municipios tendrán un recorte de $175 millones. Pero no desglosa en específico los recortes adjudicados al “sector privado”. Se trata de un concepto amplio que puede incluir desde los ciudadanos que deducen de sus impuestos los intereses de préstamos hipotecarios, hasta las multinacionales como la semillera Monsanto, o la ronera Bacardí, que durante la crisis han recibido exenciones, incentivos y otros beneficios contributivos, según ha evidenciado el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
“No puede ser que en una crisis fiscal, mientras se le pide sacrificio al pueblo, se estén dando estos incentivos que realmente son una vergüenza para el país”, dijo al CPI el economista José Caraballo, refiriéndose al mantengo corporativo que permea en la política pública de Puerto Rico. “A mí me preocupa demasiado esto, que no se quiera auditar la deuda, que se quiera dejar a niños y niñas sin cubierta médica por falta de dinero mientras se le da subsidio a estas y otras compañías”.
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El plan fiscal indica que la reducción a subsidios para la UPR, los municipios y el sector privado será de $1,044 millones de dólares en 2026.
De ese total, la administración Rosselló planifica reducir $512 millones de las aportaciones actuales a la UPR, según informó AAFAF a la pasada presidenta de la universidad Nívea Fernández así como a representantes estudiantiles ante la Junta de Gobierno universitaria. Es decir, que de los $834 millones que recibió el pasado año fiscal la institución educativa, tendría recortes escalonados anuales hasta que solo reciba $322 millones en 2026. Esto implica una reducción de un 61% respecto al subsidio actual. La Junta de Gobierno de la UPR intentó elaborar un plan fiscal universitario que sólo eliminaba $241 millones pero también rechazó hacer esos recortes. La eliminación de subsidios a la UPR fue el motivo principal de la controversia por la que estudiantes comenzaron sus manifestaciones.
Los municipios, por su parte, verán una reducción de $350 millones, según el plan
fiscal, un golpe contundente porque representa la eliminación del 100% de lo que reciben del gobierno central. “Mi municipio depende en un 50% de esos fondos, y hay otros municipios como Maricao que su presupuesto depende en un 90% de esas transferencias”, explicó Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián y contador público que presidió la junta de directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.
Los $182 millones que quedan de recortes recaen entonces en el sector privado. Pero no hay manera de saber qué representa esa pérdida respecto a los subsidios totales que recibe, precisamente porque el Gobierno no ha publicado un estudio sobre los privilegios fiscales.
¿Eliminará el Gobierno primordialmente los beneficios a las multinacionales? ¿Dará prioridad al desarrollo económico de pequeñas y medianas empresas locales? ¿Están incluidas en los recortes las iglesias que reciben exenciones? ¿Se afectarán las organizaciones sin fines de lucro que dan servicios sociales directos? Gerardo Portela, director de AAFAF, no estuvo disponible para entrevista.
“La falta de transparencia y la falta de una ejecutoria eficiente del gobierno llega al punto de que no sabe cuánto se está dando al mantengo corporativo al sector privado. Es algo dramático en esta crisis fiscal”, añadió Caraballo.
El Departamento de Hacienda sostiene que el documento más actualizado que existe sobre los gastos fiscales del gobierno en el sector privado es un informe que preparó la firma KPMG durante la pasada administración. Éste concluye que, en 2012, al Gobierno le costaron $556 millones los incentivos, exenciones, deducciones y tasas contributivas preferenciales para las corporaciones privadas.
En Puerto Rico hay unas 53 leyes y programas que otorgan tasas contributivas preferenciales, deducciones, créditos y otros incentivos al sector privado, indica la primera versión del plan fiscal que fue enmendada. La segunda versión omitió estos detalles. Estas medidas limitan la captación de impuestos y afectan las proyecciones de los presupuestos.
“Hay subsidios que son efectivos. No es irse a un extremo de cero subsidios pero tampoco hay que caer en el mantengo corporativo. La insistencia mía es dejar los necesarios y quitar los innecesarios”, sostuvo Caraballo. “El Gobierno tiene que ser más celoso, tienen que ver si esos subsidios son determinantes para que vengan las empresas. Si la respuesta es que no, pues no lo das. Si la respuesta es que son determinantes, la pregunta es si este es el tipo de empresa que queremos incentivar”, añadió.
El plan fiscal certificado sólo puede ser enmendado por la Junta de Control Fiscal durante el proceso de bancarrota de Puerto Rico que se ve en el tribunal federal bajo el Título 3 de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como “PROMESA”. Ésta fue creada por el Congreso para que la Isla pague su deuda con los bonistas.
El plan de ajuste de deuda que forma parte del proceso de quiebra que ve la jueza Laura Taylor Swain debe ser compatible con el plan fiscal. “Si la jueza entiende que el plan de ajuste de deudas no es confirmable porque no cumple, por ejemplo, con el mejor interés de los acreedores, la Junta se vería obligada a enmendar el plan de ajuste y esto podría enmendar el plan fiscal”, explicó el abogado Rolando Emmanuelli, coautor del libro PROMESA, que analiza los pormenores de esta ley.
Los prestamistas que demandaron al Gobierno por no haber pagado sus obligaciones están impugnando el plan fiscal y reclamando que saque partidas más grandes para el pago de la deuda.
