Entre reclamos y acusaciones primera vista del presupuesto

Entre acusaciones de los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y reclamos por los de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) iniciaron ayer las vistas públicas sobre el presupuesto para el año fiscal 2017-2018.

Entre críticas a la pasada administración, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara,  Antonio “Tony” Soto, resumió lo que, a su juicio, ha llevado a la isla a la crisis fiscal en la que se encuentra, a la vez que destacó que las fechas impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF) no son una camisa de fuerza para la Legislatura.

Además, a petición de la delegación popular, Soto extendió un plazo de 24 horas al Departamento de Hacienda los estimados con los que prepararon el presupuesto.

Recomendados

Culmina el periodo para solicitar el voto ausente o voto adelantado para las primarias de junio

El universo creativo en Poli/Gráfica desafía las normas y explora las presiones existenciales

Abierto el DE a medidas ecoamigables inmediatas para lidiar con el calor

Soto también aseguró que el presupuesto sufrirá enmiendas, y explicó que las asignaciones especiales, como la de la Red Sísmica que desapareció y, según indicó Fortaleza, se le dará pero no bajo la Universidad de Puerto Rico, responde, a partidas presupuestarias.

Cambios en los estimados de ingresos

Mientras, en unas expresiones iniciales, Gerardo Portela, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) detalló que el ente federal informó el pasado 29 de mayo que los estimados de ingresos para el año fiscal 2017-2018 sufrieron cambios.

“Entre las variaciones que la Junta notificó se encuentran una reducción en los ingresos base para el próximo año fiscal de $215 millones,  restricciones al acceso de los recaudos del impuesto de ventas y uso (IVU), reducción de $519 millones en recaudos del IVU que no van al fondo general, los cuales deben segregarse conforme a una estipulación en el procedimiento bajo el Título III de PROMESA”, expuso Portela.

Agencias defienden el presupuesto

Todas las agencias relacionadas con el componente económico del Ejecutivo sometieron una ponencia conjunta, que fue leída por el director de la OGP,  José Marrero.

El funcionario detalló en la ponencia que el presupuesto presentado es uno base cero,  que requiere a agencias e instrumentalidades evaluar y justificar los gastos.

“En general, el presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2017-2018 refleja reducciones en nómina y en gastos operacionales,  conforme a la normativa vigente y el plan fiscal”, añadió.

También manifestó que este presupuesto es de $575 millones más que el del año fiscal anterior. “El aumento representa,  principalmente,  los $390 millones provenientes de la venta de activos o fondos disponibles del Sistema de Retiro de Gobierno central y la Judicatura; y del Sistema de Retiro para Maestros”.

Durante el turno de preguntas surgió el cuestionamiento sobre de dónde provenían los $924 millones “de ingresos adicionales”.

La OGP detalló que esos ingresos provienen del aumento al arbitrio de los cigarrillos,  las ventas por Internet y medidas como la Ley del Empleador Único.

Los funcionarios también aseguraron que el pago a los suplidores no se afecta bajo el Título III, de la Ley PROMESA. Asimismo, manifestaron que no se contemplan reducciones en las pensiones.

Tirijala por alegado despido de transitorios

El representante del PPD Jesús Manuel Ortiz aseguró que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Marrero, había confirmado durante el turno de preguntas que en julio comenzaría la primera fase de despidos de Gobierno, que incluiría a 5,000 empleados transitorios.

Por su parte, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Christian Sobrino, contestó el tuit de Ortiz y le dijo al representante que su aseveración era falsa y que el director de la OGP nunca dijo que habría despidos. Durante la vista, Marrero pidió recalcar que no se despedirían empleados.

Además, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, expuso en una comunicación escrita que “los contratos transitorios son otorgados por las agencias según la necesidad del servicio y su duración tiene una fecha de comienzo y culminación. Al igual que todos los servicios, cada agencia evaluará si se renueva el contrato según la necesidad y a tenor con la realidad fiscal”.