El director de la División Legal del Departamento de Educación (DE), Eric R. Huertas admitió hoy que del primer bloque de 400 maestros a los que se les retuvo el depósito directo por no tener ponches de asistencias en sus quincenas, unos 150 dijeron que tuvieron esos problemas.
Los restantes, unos 250, se encuentran bajo investigación mediante llamadas o si llegan al propio Departamento reclamando su cheque impreso para conocer la razón por la cual no asisten al salón de clases.
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“Nos encontramos en proceso de revisar cuáles son los maestros removidos por medida cautelar. Lo que hicimos fue retenerles el depósito directo a todos aquellos que no estén ponchando, de esta manera, al tener que buscar su cheque impreso podemos conocer por qué no están ponchando y así atender caso a caso. Aún quedan 250 del primer bloque de los cuales estoy investigando donde se encuentran y la razón,” dijo.
“Pero eso es mucho dinero porque son 1,500 el total de empleados que se pretende impactar ante la retención de sus depósitos directos”, reaccionó el presidente de la Comisión de Educación, Abel Nazario.
La situación surgió en una audiencia pública de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria que preside Nazario.
Esta atiende una medida de su autoría que enmienda la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, con el fin de establecer un Protocolo de Investigación para los casos de Maltrato y Negligencia Institucional en las escuelas públicas del País.
Huertas dijo que cuentan con el Reglamento de Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias 7565, el cual establece un protocolo para medidas cautelares. Sin embargo, el número de los casos de maestros que se encuentran esperando la determinación mientras están cobrando su salario no pudo ser brindada por el DE. Asimismo, indicó solo cuenta con dos abogados para atender estos casos en toda la Isla.
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“Esto es injusto para el Pueblo, tener unos maestros suspendidos infinitamente y cobrando. Para el empleado también es injusto porque cuando tú acusas a un maestro de algo y lo dejas en el tintero eternamente, se le hace un daño a ese empleado. Mucho peor porque el empleado no está acusado formalmente, eso es grave,” detalló Nazario.
Nazario y el senador de la minoría del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Juan Dalmau, argumentaron al DE por qué no establecen unos términos de tiempo para atender querellas.
El representante del DE índico que no podrían cumplir con términos debido a la falta de recursos legales en el DE, se caerían los casos y además iría en detrimento del menor.
De otro lado, la Comisión consideró el Proyecto del Senado 445, de la autoría de Dalmau, sobre lenguaje de señas.
En la Exposición de Motivos de la medida se indica que si una mayor cantidad de personas conociera el lenguaje de señas y pudiera utilizarlo con fluidez, la marginación y desventajas que sufren las personas sordas, y otras que padecen de pérdida de audición parcial, se reducirían significativamente. Estas personas podrían integrarse completamente a la sociedad y aportar a ella según sus capacidades y habilidades intelectuales, que nada tienen que ver con sus circunstancias auditivas.
El representante del DE, Daniel Russé, sugirió a la Comisión que se podría incluir entidades sin fines de lucro y de base comunitaria y que se aúnen esfuerzos con el Ejecutivo para logar un impacto mayor en la población y uno mínimo en el aspecto fiscal del DE.
La pieza ordenaría al Secretario del Departamento de Educación (DE) que incluya un curso de lenguaje de señas en el currículo de clases que se exige a todas las instituciones públicas y privadas de enseñanza. El curso formará parte del currículo ordinario en el nivel elemental. Sin embargo, en los niveles intermedio y superior el curso de lenguaje de señas se ofrecerá como uno electivo.
Asimismo, se ofrecería el curso a los padres, madres, tutores y custodios de niños sordos bajo el Programa de Educación para Adultos del DE en los mismos términos y condiciones en que ofrece el curso de Inglés Conversacional.
