Para los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Alejandro García Padilla, la Junta de Control Fiscal (JCF) ha sido negligente al permitir la celebración del plebiscite del 11 de junio, cuando a su entender, la consulta viola la Ley 113-76 del Congreso de Estados Unidos.
“Al omitir cumplir con un deber se es negligente. La Ley PROMESA dice expresamente que respeta el derecho del pueblo de Puerto Rico a determinar su futuro político y que lo vuelven a hacer de acuerdo con una ley, como la ley que aprobó el Congreso. Entonces aquí tenemos un plebiscito que no se ha hecho de acuerdo con esa ley del Congreso. Pues que esperaríamos que hiciera la Junta, pues que cumpliera con su deber y que le dijera al Gobierno que no pueden gastar esos 7 millones de dólares”, dijo el exgobernador Hernández Colón en conferencia de prensa.
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No obstante, la omisión que Hernández Colon le atribuye a la JCF no puede interpretarse como un endoso a la consulta de status.
Mencionó también que la insistencia de realizar la consulta afecta la credibilidad de Puerto Rico.
Entretanto, para el exgobernador García Padilla “es obvio que la Junta tiene los elementos para concluir que se está incumpliendo la ley, porque tiene la expresión que hizo el Departamento de Justicia (cuando rechazó la primera versión de la papeleta)”.
“La Junta con su silencio parece que ha aceptado esto”, añadió.
Para García Padilla “el Partido Nuevo Progresista prefirió cerrar escuelas para pagar el plebiscito. Al fin y al cabo, las escuelas las van a cerrar, no para atender la crisis fiscal sino para celebrar el plebiscito”. La teoría detrás del argumento del exgobernador se basa en el costo estimado por él de 10 millones en la consulta (si se incluyen todos los gastos) y el ahorro de 7 millones que la secretaria de Educación, Julia Keleher ha dicho tendrá la agencia con el cierre de 169 escuelas.
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Sobre ese particular, el presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, mencionó que se evalúa enviar comunicación a los congresistas sobre las acciones tomadas por el ente federal creado bajo la Ley PROMESA.
“Eso es parte de la estrategia que no vamos a revelar”, dijo Ferrer.
A juicio de los exgobernadores, la consulta del próximo 11 de junio carece de legitimidad ante el Congreso de Estados Unidos, al insistir en realizar la consulta sin tener el aval federal. Ambos manifestaron que no participaran de la votación y exhortaron a los populares-estadolibristas y a todos los puertorriqueños a no votar en “un plebiscito que no vale nada”.
