Los periodistas y, a través de nosotros, los ciudadanos exigimos que los funcionarios públicos respondan. Que quienes devengan dinero público y toman decisiones que afectan a todos los ciudadanos sean capaces de explicar la raíz de esas decisiones, cómo las tomaron, por qué las tomaron y cuáles son sus efectos proyectados. Ese ejercicio no solo es necesario, sino fundamental en países que reclaman tener bases democráticas. Lo contrario —el porque sí y la negativa a explicar acciones que afecten a los ciudadanos— es solo propio de gobiernos totalitarios. Ello —la ausencia de respuestas y fundamentos— no solo es dañino utilizando argumentos anclados en la democracia y los gobiernos representativos, también es nocivo cuando evaluamos el tracto de ese tipo de determinaciones.
La toma de decisiones de política pública sin fundamentos o estudios de impacto ha sido precisamente la razón de nuestro presente de caos. Nuestros gobiernos prometían, alteraban, recortaban o aumentaban partidas; realizaban obras, o establecían “estrategias”. Pero en muy pocas ocasiones esas decisiones estaban debidamente sustentadas. ¿La consecuencia de la improvisación y la falta de análisis? Solo mire a su alrededor.
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Entonces, llega la Junta. Ese ente congresional enviado por los Estados Unidos “a poner orden”. Y, a razón de $600 millones en fondos del pueblo de Puerto Rico, anuncia una a una sus determinaciones. Aconseja al Gobierno acciones específicas y anticipa recortes. El país debe reducir cerca de mil millones de dólares al plan de salud. Otra ronda de millones menos deberá salir de Educación. Y en la Universidad de Puerto Rico (UPR), $450 millones menos.
Claro que el dinero no alcanza. Claro que es preciso realizar ajustes. Pero ¿son los ajustes recomendados la salida correcta? Al intentar contestar esa pregunta solo llueven las dudas ante la ausencia de certeza. De números claros. De datos que expliquen las decisiones tomadas. Porque la fe no es suficiente explicación cuando se trata de las vidas de todos nosotros.
El ejemplo más evidente ha sido la UPR y la reunión que fue concedida a los estudiantes luego de casi dos meses de huelga. Las preguntas eran anticipables. La primera de ellas: ¿por qué la cifra de $512 millones en recortes a la UPR? ¿De dónde sale? ¿Cómo se llega a ella? La respuesta de la Junta fue un enorme enredo. “Yo no sé de dónde sacaron esa cifra”, soltó el presidente de la Junta, Carrión. Entonces, si no son $512 millones a nueve años, ¿de cuánto es el recorte? Carrión, luego de consultar con su compañera Ana Matosantos, aseguró que se trataba de $450 millones. Pero la raíz de la cifra nunca fue provista. En lugar de la especificidad, el asunto fue despachado con un “todo lo que se ha planteado ha sido sustentado por nuestros economistas y nuestros asesores”. En tal caso, ¿resulta muy complicado compartir esos datos con el país? Si se extrapola la situación, veremos panoramas similares en Salud o Educación. ¿Qué datos sustentan la necesidad de recortar de la cubierta de los pacientes en lugar de, por ejemplo, reducir las ganancias millonarias de los planes médicos e intermediarios?
Entonces, ¿deben los ciudadanos y el Gobierno conformase con un “porque sí” como justificación a los recortes? La sensatez exige un rotundo no. Es evidente que el actual sistema político es colonial. Pero la naturaleza colonial de nuestra relación política no justifica que los ciudadanos asumamos el papel de súbditos sumisos para quienes las respuestas sobran. Exijamos respuestas.
