El Tribunal Supremo de Puerto Rico falló contra el Municipio de Ponce y emitió una orden final y firme para que la alcaldesa María E. Meléndez Altieri divulgue los nombres de los empleados contratados durante un periodo en que estaba vigente una ordenanza que le impedía hacerlo.
La reiteración del máximo foro judicial obedeció a una segunda petición de reconsideración por parte del Municipio de Ponce.
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El Supremo, por tercera y última ocasión, sentenció que Meléndez Altieri deberá cumplir con el dictamen tras la petición del portavoz del PPD en la Legislatura Municipal de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón.
“Se le acabaron las oportunidades a la alcaldesa de seguir insistiendo en no dar la información. Se trata de informar los nombres y no los expedientes, es lo que hemos insistido y tuvimos que recurrir al tribunal para que se nos entregue la información de los contratos ilegales”, reiteró Irizarry Pabón.
El panel del Supremo que intervino estuvo integrado por los jueces Rafael Martínez Torres, Edgardo Rivera García y Ángel A. Colon Pérez.
La determinación del máximo foro judicial sostiene el dictamen previo del Tribunal de Apelaciones que había ordenado a Meléndez Altieri proveer el acceso a expedientes de los empleados municipales y a los nombres de los contratados ilegalmente durante el período del reajuste de la jornada laboral que llevó a la mitad el horario de los trabajadores del Municipio de Ponce.
El documento reconoce el derecho de Irizarry Pabón, como legislador municipal, a tener acceso a la información reclamada.
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La Ordenanza Municipal #50, Serie 2012-2013, dispuso la reducción de la jornada laboral a los empleados municipales y el reajuste de un 10 por ciento al salario del personal de confianza, jefes de agencias e incluso la propia alcaldesa. Asimismo, dispuso, que el gobierno de Meléndez Altieri no puede contratar personal de confianza hasta que se normalice la jornada de trabajo de los empleados regulares.
Desde que Irizarry Pabón descubrió las contrataciones que denunció como ilegales, hace un año, “Meléndez Altieri ha evadido acatar órdenes judiciales previas y decidió buscar amparo en el Tribunal Supremo”.
Los jueces del Tribunal Supremo mantuvieron que en la petición de Irizarry Pabón “por ser información pública”, no se ha demostrado que cause perjuicio a parte alguna por lo que el Municipio está obligado a proveer, a toda persona que lo solicite, los datos básicos de su nómina, entiéndase los nombres de cada empleado o funcionario municipal, junto a su compensación o sueldo real, puesto o cargo que ocupa, departamento o dependencia al que está adscrito el puesto, así como el cargo función que realmente desempeña y la dependencia en la cual lo hace. Asimismo, se rechaza el argumento de Meléndez Altieri de que con su oposición protege el derecho de confidencialidad del empleado contratado.
Irizarry Pabón ha insistido que la información requerida era necesaria para corroborar que el Municipio Autónomo de Ponce y su alcaldesa están cumpliendo a cabalidad con las disposiciones de Ética Gubernamental y de la Ley de Municipios Autónomos sobre contratación de empleados, y las disposiciones de la Ordenanza 50.
Los tribunales entienden que el derecho de los ciudadanos de examinar la información en poder del Estado es un corolario necesario del derecho a la libre expresión que dispone el Artículo II, Sección 4, de la Constitución del Estado Libre Asociado”. De igual forma sustentan que el acceder a la información en poder de un municipio está reconocido expresamente en el Artículo 8.017 de la Ley de Municipios Autónomos.
Los documentos que Irizarry Pabón ha solicitado al Municipio son los siguientes:
- Informe detallado sobre la cantidad de empleados que laboran en el Municipio, específicamente de carrera, confianza, transitorios, irregulares, de cualquier convenio o ley aplicable a nombramiento de empleado de los años fiscales 2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2015-16.
- Registro de Contratos Mensual de la Oficina del Contralor de los años fiscales 2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2015-16.
