Natalie Jaresko, la flamante directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, ha afirmado en varias entrevistas que consiguió esa posición sin intermediarios ni padrinos. Ha dicho que estaba buscando trabajo cuando supo que el presidente de la junta procuraba por alguien para llenar esa vacante. Tuvo suerte.
De estar desempleada, luego de haber ocupado la silla de Ministra de Finanzas de Ucrania durante los años 2014 al 2016, pasó a agenciarse un trabajo en Puerto Rico ganando un salario de $625,000 anuales, con un contrato de cuatro años que también incluye el pago de su mudanza, seguridad, chofer y viajes mensuales a la ciudad de Kiev, donde aún mantiene su domicilio.
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Luego de conocerse su nombramiento, las respuestas a la pregunta de quién era esa señora no demoraron. Informes de prensa revelaron su relación como una veterana empleada del Departamento de Estado de Estados Unidos vinculada a organismos de seguridad y asuntos de inteligencia.
También trascendió que fue Jefa de la Sección de Economía de la embajada de Estados Unidos en Kiev, la capital de Ucrania, y que durante la administración del expresidente Bill Clinton trabajó con el Concilio de Seguridad Nacional insertada en una entidad llamada Western NIS Enterprice Fund que, a su vez, está vinculada a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés), uno de los tantos frentes que tiene la Agencia Central de Inteligencia.
Sobre sus ejecutorias en Ucrania, fue señalada como responsable de reducir el gasto público mediante recortes significativos en servicios esenciales. Al mismo tiempo, trascendió que logró que el Fondo Monetario Internacional y algunos países occidentales, aliados a los golpistas ucranianos que ahora dirigían el país, le otorgaran $40,000 millones en ayuda económica para reestructurar la deuda pública y aliviar su crisis financiera.
También sabemos que esta señora apostó convertirse en Primer Ministro de Ucrania, una aspiración que se tronchó tras la elección de Volodymyr Groysman, quien al asumir el poder la relevó de sus funciones. Antes de concluir su gestión como ministra, y según información divulgada por Consortium News, Jaresko cobró $1.77 millones por ser gestora del fondo Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).
Empero, los antecedentes de Jaresko van más lejos y muestran acciones que atienden directamente al carácter moral y la conducta ética de una persona que, de la noche a la mañana, se convirtió en la principal funcionaria de la junta de control fiscal en la isla.
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Nos referimos a un caso legal iniciado en 2014 en una corte federal en el estado de Colorado contra Jaresko, tras haber sido acusada por mentir al Departamento de Estado de Estados Unidos y violar las leyes de pasaportes estadounidense.
Una investigación periodística publicada a finales de 2014 bajo la firma del reportero John Helmer, reproducida en http://www.nakedcapitalism.com/2014/12/john-helmer-ukraine-finance-minister-natalie-jaresko-accused-in-colorado-court.html, reveló que, en 2011 y en medio de un divorcio contencioso entre Jaresko y quien fue su antiguo socio comercial, Ihor Figlus, ésta mintió ante los tribunales ucranianos y engañó a la Embajada de Estados Unidos en Kiev para que le emitieran un pasaporte estadounidense a su hija de 10 años, sin el consentimiento del progenitor de la menor, para que ésta viajara fuera de Ucrania.
Según la investigación de Helmes, Jaresko acudió a un tribunal ucraniano y presentando información falsa logró que su exmarido fuera despojado de cualquier autoridad sobre la menor. Luego, esa resolución legal fue presentada como “prueba suficiente” para establecer la autoridad exclusiva de la madre, según lo requiere la ley de Estados Unidos que regula las solicitudes de pasaportes a menores de edad.
Helmer señala, además, que en los documentos presentados ante la corte estadounidense el 21 de noviembre de 2014 Figlus, un ciudadano estadounidense de origen ucraniano que estuvo casado con Jaresko entre 1989 y 2011, acusó a su exesposa de argumentar mentiras para excluirlo ilegalmente de la solicitud de pasaporte de su hija.
Esta pugna legal no es un simple caso de disputa matrimonial por custodia o patria potestad. El asunto es más serio porque de confirmarse las alegaciones presentadas por Figlus, la directora ejecutiva de la todopoderosa junta de control fiscal podría haber incurrido en uno o varios “potentially expatriating acts”, a la luz de lo dispuesto en la Sección 349 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés).
