La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, dijo el viernes en Vista Pública, que como consecuencia del caso UPR versus Gabriel Laborde en el año 2010, a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, se le establecieron los lineamientos administrativos para el manejo de los fondos, con lo cual no han cumplido.
“En ese caso ya el Tribunal Supremo dijo que no se podían pagar los salarios y también en el caso de la Autoridad de Carreteras versus de De Jesús González, se dijo que no se podían pagar salarios y que era ilegal”, dijo la secretaria de Justicia en la Vista Pública de la Comisión de Gobierno que evalúa el Proyecto de la Cámara 1089, que pretende que los empleados de la UPR que se certifique que no trabajan como consecuencia de una protesta, no cobren su salario.
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“Por eso es que este proyecto es necesario, para restringir las facultades de la Junta de Gobierno, poniéndole unas reglamentaciones de lo que pueden hacer y que no pueden hacer, quitándole discreción sentenció
“El problema es que, dentro de esa autonomía universitaria, se tenía la ilusión de que iban a ser funcionarios que iban a ejercer de conformidad con la ley y el orden, lo que no ocurre. Esto iría dirigido a reducir esa discreción con unas obligaciones específicas, con las que tendrán que cumplir o no pueden ser miembros de la Junta de Gobierno”, añadió.
Entretanto, la contralora Yesmín Valdivieso advirtió que se debe ser cuidadoso en el lenguaje que finalmente se apruebe en el proyecto de ley.
“Es triste porque, aunque hoy puedan tener todas las herramientas, obligaciones y responsabilidades, una Universidad donde todos los miembros de una junta renuncian por miedo a ir a la cárcel o a que les den una pedrada o que no los dejan caminar, es una junta que tiene que tener unas herramientas fuertes para que no se sientan ni cohibidos ni asustados de hacer lo que tienen que hacer”, mencionó.
Entretanto, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló insistió en los méritos del proyecto de ley, porque a su juicio es necesario ponerles unas cortapisas a los integrantes de la Junta de Gobierno. Rodríguez Aguiló acogió las enmiendas al proyecto, para que se elimine del mismo que aplicará a todos los empleados y que se permita a aquellos empleados que tengan balance, utilizar sus licencias de vacaciones o de tiempo compensatorio.
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“Esto va a ser prospectivo, una vez lo firme el gobernador, de ahí en adelante, cualquier manifestación que cierre los portones por más de 72 horas, no cobrarán a menos que haya trabajos educativos o administrativos que se puedan certificar, para que esos empleados puedan cobrar”, declaró.
La medida dejaría en manos del secretario del Departamento de Hacienda detener el envío de los fondos por concepto de la fórmula a la UPR, una vez pasen 72 horas en una protesta con los portones cerrados.
Además del Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor, participó la Oficina de Ética Gubernamental, que se declaró sin jurisdicción sobre el proyecto.
