El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, afirmó ayer que el plebiscito de estatus del 11 de junio “es un proceso válido” que cuenta con el aval del Gobierno federal de Estados Unidos.
Sin embargo, el Gobierno de Puerto Rico no ha recibido aún una carta del Departamento de Justicia federal, certificando el diseño enmendado de la papeleta del plebiscito y las definiciones incluidas, luego del revés judicial a mediados de abril. Tampoco hay ninguna reunión en agenda con funcionarios de Justicia federal para discutir las enmiendas, según informó el propio gobernador.
PUBLICIDAD
El mandatario habló en conferencia de prensa desde un salón de la Cámara de Representantes federal en Washington D. C., junto con la comisionada residente, Jenniffer González, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
“El enfoque era poder cumplir con un plebiscito que tuviera los comentarios y la aprobación del Gobierno federal”, dijo el gobernador, añadiendo que el plebiscito cuenta con dicha aprobación a través del Departamento de Justicia federal.
Para Schatz, es un asunto de “sentido común”. “Si se adopta exactamente lo sugerido, se sobreentiende que estamos en perfecto cumplimiento”, apuntó el presidente del Senado, en referencia a los señalamientos que hizo Justicia federal al diseño y las definiciones del plebiscito, que, en principio, solo incluía las opciones de “independencia/libre asociación” y “estadidad”.
En esa misma línea, González también hizo énfasis en que el Gobierno de Puerto Rico acogió los señalamientos de Justicia y —en cuatro días— se enmendó la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, que da paso al plebiscito del 11 de junio. “La información fue aceptada, enmendada y enviada nuevamente”, apuntó la comisionada.
“Por primera vez vamos a tener un plebiscito con las definiciones provistas por el Gobierno federal”, aseguró González.
PUBLICIDAD
Justicia federal —que ya había advertido que necesitaría “suficiente tiempo” para revisar los cambios— no ha emitido aún una nueva carta certificando el diseño de las papeletas y la campaña educativo que está siendo utilizado con referencia a la consulta de estatus del 11 de junio. Tampoco se ha expresado sobre la definición de “actual estatus territorial”, que se incluyó luego de la enmienda.
Dicha determinación sobre si el plebiscito cumple con las normas constitucionales y de política pública del Gobierno federal es necesaria para que el Gobierno de Puerto Rico reciba unos $2.5 millones en fondos federales que ayudarían a mitigar los costos de la consulta.
El alto liderato del Gobierno y del Partido Nuevo Progresista (PNP) se reunió con el presidente de la Cámara federal, Paul Ryan, un encuentro en el que, de acuerdo con el gobernador, se habló de los fondos de Medicaid para la isla, la reforma contributiva y el plebiscito. También fueron recibidos por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
La comisionada también reiteró que busca la asignación de aproximadamente $600 millones adicionales en Medicaid para Puerto Rico, indispensables para cubrir los gastos del sistema de salud en el 2018.
Por su parte, el representante popular soberanista, Luis Vega Ramos, cuestionó si el viaje a Washington D. C. que hicieron el gobernador y el presidente del Senado fue pagado con fondos públicos o del PNP.
“Se fueron pa Washington D. C. a retratarse con Paul Ryan”, dijo Vega Ramos.
