Por: Denis Márquez
El precedente histórico de persecución política es un tema que me toca muy de cerca como independentista encarpetado y como abogado del PIP en los hoy conocidos casos “de las carpetas”. En pleno siglo XXI, el Gobierno de Puerto Rico insiste en incurrir en prácticas ilegales e inconstitucionales de fichaje de individuos y entidades por razón de su ideología política o por ejercer sus derechos a expresarse y asociarse libremente en contra del Estado. Tal práctica se llevó a cabo impunemente en Puerto Rico durante más de medio siglo contra el movimiento independentista y con mucho sacrificio logramos desenmascararlo y erradicarlo —al menos oficialmente— de nuestro esquema legal.
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Este año, la celebración del 1.o de mayo en Puerto Rico unió a diversos sectores de nuestra sociedad en un reclamo para realizar un paro nacional en contra de las medidas de austeridad ordenadas por una junta dictatorial extranjera y puestas en vigor aceleradamente por el Gobierno de Puerto Rico. El denominador común de los manifestantes era su repudio a las políticas neoliberales del Gobierno de Puerto Rico. Es en este contexto que el 26 de abril 2017 —menos de una semana antes del paro nacional—, algunos medios noticiosos reportaron que la actual superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, confirmó que el cuerpo policial que dirige monitorea las redes sociales de grupos e individuos que han acudido a manifestaciones y que convocaron al paro del 1.o de mayo.
A raíz de esta confesión, este servidor, junto con el compañero senador Juan Dalmau Ramírez, denunciamos enérgicamente lo que denominamos una manifestación de carpeteo gubernamental, esta vez en forma cibernética, por parte de la Policía contra entidades e individuos que se oponen a las políticas de su Gobierno. Asimismo, solicitamos al gobernador de Puerto Rico que ordenara a la superintendente desistir de dicha práctica.
El 28 de abril de 2017 presenté formalmente ante la Comisión de Derechos Civiles una querella en la que solicitamos una investigación y ayer, en vista pública ante el organismo, solicité que se investigue lo siguiente:
• Si se han levantado expedientes a personas o entidades;
• Cómo se conserva la información recopilada;
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• Cómo se utiliza esta información;
• Qué criterios se utilizan al determinar a quién y cómo se “monitorea” a alguien;
• Qué redes sociales se están monitoreando;
• Cómo tuvo acceso el Estado a las cuentas monitoreadas;
• Si alguna entidad pública o privada proporcionó la información;
• Qué relación hay entre las agencias del Gobierno para la entrega de esta información;
• Si medió orden judicial basada en causa probable para cualesquiera solicitudes de esta naturaleza;
• Si se han centrado investigaciones criminales sobre personas o entidades basadas en información obtenida a través del carpeteo cibernético de manifestaciones legítimas;
• Qué ha pasado con las fotografías y videos que ha tomado la Policía desde hace más de una década, cuya existencia es irrefutable;
• Y si se ha destruido esta información digital.
Agradezco a la Comisión de Derechos Civiles por acoger nuestra querella con la más alta expectativa de que dará seguimiento a nuestro reclamo. Desde el PIP, y yo desde la Asamblea Legislativa, haremos lo propio para asegurarnos de que esta historia nefasta no vuelva a repetirse jamás.
