El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras denunció que el reciente acuerdo alcanzado con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) perjudicará a los boricuas, por los términos de la negociación.
El estudio de Refund America Project “Wallstreet acapara el poder en Puerto Rico” detalla que el acuerdo de reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) para la deuda de la AEE, que asciende a $9,000 millones, es uno defectuoso debido a que “Wall Street presionó a la AEE a un acuerdo injusto de reestructuración de deuda que es demasiado generoso con los acreedores”.
PUBLICIDAD
Según la investigación realizada por Carrie Sloan y Saqib Batthi, el RSA garantiza los días de pago de los inversionistas a expensas de los abonados de la AEE. En el informe de 19 páginas se detalla que esa parte del acuerdo permite aumentos automáticos en las tarifas de los abonados cuando el consumo de energía baje.
Hallazgos de las transacciones de 2007 y 2013, según el informe:
- Los bancos y los bufetes de abogados cobraron más de $101 millones en comisiones por la emisión de los bonos.
- Los bancos suscribieron bonos que retrasaron el vencimiento final de la deuda más allá del límite de 30 años de la Constitución de Puerto Rico.
- Bancos como JPMorgan Chase y UBS han cobrado por lo menos $65 millones en penalidades por rescisión delos swaps de las tasas de interés conectadas a los bonos de la AEE.
- Bancos como JPMorgan Chase y UBS también suscribieron los acuerdos de bonos originales que incluían los swaps tóxicos en los que eran contrapartes. JPMorgan Chase también fue un suscriptor en un acuerdo de bonos que se utilizó para hacer pagos por penalidades por rescisión en esos mismos swaps que tenía JPMorgan Chase. Dichos bancos establecieron acuerdos por los cuales cobraron varias veces.
El reporte exhorta a la Junta de Control Fiscal y al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan a rechazar el RSA. Asimismo, plantea como una solución que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares restablezca la Comisión de Auditoría de la Deuda y piden al ente federal que rechace cualquier deuda que considere ilegal.