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Alcaldesa interina de Guaynabo entrega documentos e información de O'Neill al OPFEI

O’Neill, involucrado en un caso de hostigamiento sexual, fue suspendido ayer, miércoles, de su empleo por la OPFEI.

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La alcaldesa interina de Guaynabo, Aurialis Lozada Centeno, quien asumió en el cargo tras la suspensión de empleo del alcalde Héctor O’Neill, informó hoy que entregó a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) los documentos e información que solicitó esa agencia acerca del primer ejecutivo municipal.

En una comunicación escrita del municipio, Lozada Centeno indica que entregó al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) “todos los documentos y la información solicitad en el término concedido por dicha entidad”.

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O’Neill, involucrado en un caso de hostigamiento sexual, fue suspendido ayer, miércoles, de su empleo por la OPFEI.

La determinación se tomó luego de que el pasado 15 de mayo la presidenta de la OPFEI, Nydia Cotto Vives, informara de la desginación de dos fiscales para investigar el caso del alcalde de Guaynabo, quien podría haber incurrido en 20 violaciones de ley de artículos de la Ley 54, como maltrato psicológico o emocional, restricciones a la libertad y agresión sexual.

Guillermo Garau y Leticia Pabón, fiscales especiales independientes (FEI), quienes investigan las actuaciones del alcalde de Guaynabo, tomaron la decisión de suspender al alcalde de su empleo, quien debe dejar su oficina de forma inmediata.

El pasado 1 de mayo, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, había solicitado un FEI para O’Neill.

La investigación de Justicia establece que hubo 20 violaciones de ley por parte del alcalde, entre ellas acoso y agresión sexual, restricción de libertad y exposiciones obscenas.

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El informe, de 53 páginas, incluye entrevistas, documentos, declaraciones juradas de situaciones narradas por dos perjudicadas y el análisis legal.

También el alcalde habría violado el Código Penal, por incidentes de acoso sexual y exposiciones obscenas.

Igualmente, O’Neill habría incurrido en aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos y por impedir o persuadir la comparecencia de testigos.

 

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