Mientras varios recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) deciden si permanecen en huelga o culminan la misma, el rector interino del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la UPR, Ramón González García, opinó que en su recinto “el diálogo y la colaboración entre las partes, siempre ha prevalecido. Somos un recinto totalmente distinto porque somos ‘el recinto de lo posible’”.
A pesar de autodefinirse como el ‘recinto de lo posible’, el rector dio a conocer que el campus hace de tripas corazones más aún cuando la Administración Central de la UPR les retuvo el año pasado $50 millones que posteriormente depositaron en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y deberán enfrentar un recorte presupuestario de $23 millones. El presupuesto vigente asciende a $305 millones divididos en $133 millones provenientes del Fondo General, $146 millones de fondos extrauniversitarios y $26 millones de contratos con agencias del Gobierno.
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“La administración central se queda un 14 por ciento de los costos indirectos (gastos de facilidades y administración) del RCM. El propósito se supone que sea apoyar la investigación de la UPR y la queja principal del RCM es que estamos subvencionando otras instituciones con ese 14 por ciento”, añadió González García.
El rector realizó estas expresiones en vista pública de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado que preside el senador Abel Nazario Quiñones en la que se evaluó la Resolución del Senado 55 que ordena investigar la situación fiscal, operacional, administrativa y académica de la UPR en cumplimiento de las normas reglamentarias y legales aplicables por parte de dicho centro educativo.
“De golpe y porrazo $50 millones es mucho dinero. El tumbe mayor se lo dieron al RCM que es el más que necesitaba por lo que no hay autonomía. El problema no es de los recintos. El problema está en la administración central. No dejen que otros decidan por ustedes participen dentro de los procesos que se van a dar con los propios estudiantes y profesores, no sea que se lleven los poderes para un solo lado”, dijo el senador Nazario Quiñones al rector del RCM.
Sin embargo, el Estado es el mayor deudor del Plan de Práctica de Medicina Intramural (PPMI) de la Escuela de Medicina al deberles cerca de $15 millones de los cuales $13 millones corresponden al Plan de Salud del Gobierno (PSG) distribuidos entre varias aseguradoras privadas y $2 millones a otros organismos gubernamentales.
Según informó el decano de la Escuela de Medicina, Edgar Colón Negrón a la Comisión la deuda del Plan de Salud se divide de la siguiente forma: First Medical ($3,039,275), Molina Health Care ($2,285,658), Medicare y Mucho Más (MMC – $2,618,568), Preferred Medicare Choice (PMC- $775,942) y Triple S ($4,853,200).
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Las deudas acumuladas por agencias del Estado asciende a $2 millones ocupando el tope de la lista la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) con $965,051 seguido de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) con $852,465 mientras que Correction Health Services adeuda $292,606. A esto se suman los $11,560 que debe Instituciones Juveniles, $35,629 que adeuda el Federal Bureau of Prisons y por último los $8,039 de la Oficina de Compensación a Víctimas.
Al ser cuestionado sobre los recortes que debe generar la Escuela de Medicina, Colón Negrón comentó que el recorte de $3.5 millones del Fondo General es “un roto inmensamente grande”.
El senador Nazario Quiñones, informó que le solicitará al CFSE y a la ACAA que certifiquen al Senado las razones por las que no han pagado deudas que exceden los 120 días. De igual forma, le cursará una carta a la Administración de Seguros de Salud (ASES) para informarles de las deudas y les solicitará que intervengan con las aseguradoras.
