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Senado aprueba venta de instalaciones de salud pública

Aseguran que la medida aliviaría las cargas del Estado con la colaboración del sector privado.

El Senado aprobó hoy con 17 votos a favor y ocho en contra, el Proyecto del Senado 353, de la autoría de Thomas Rivera Schatz, que autoriza la venta, cesión y administración de las instalaciones de servicios de salud del Estado a corporaciones especializadas.

El presidente del Senado defendió enérgicamente la medida que fue respaldada, según dijo, por alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) en particular el de Yabucoa, de Trujillo Alto y el Secretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado, mediante un memorial explicativo el 15 de mayo de este año. Asimismo, criticó que la delegación de minoría no presente propuestas de salud que permitan subsanar la economía de los municipios “la opción del PPD es no hacer nada sin alternativas, sin propuestas y sin sugerencias”, dijo.

Este aseguró mediante comunicación escrita que “parece que la delegación del PPD todavía tiene problemas de comunicación con los alcaldes tal y como pasaba el cuatrienio pasado. Ninguna transacción del gobierno es un cheque en blanco y todas las transacciones a nivel municipal, que tampoco están bajo la lupa de la Junta de Control Fiscal (JCF) tampoco están exentas y no son un cheque en blanco. Es el intento de tener una instalación de salud, abierta y operando de quien pueda y tenga 10 años y opere en Puerto Rico”.

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En su defensa de 20 minutos, el presidente del Senado recordó que en enero de 2013 la delegación de minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) del Senado radicó la Resolución Conjunta del Senado 11 para elevar el derecho a la salud a rango constitucional, pero la medida recibió un informe negativo. “El derecho a la salud no debe ser de rango constitucional según los compañeros de la delegación del PPD….Ojalá tuviéramos mentes creativas pero me preocupo de las que son paranoicas, no son creativas y no hacen nada por nadie”.

Ante denuncias del senador independentista Juan Dalmau sobre la aplicabilidad del Título 3 de la Ley Promesa, Rivera Schatz destacó que el alcance de dicha disposición federal no aplica al gobierno general sino a las corporaciones, pero reiteró “me importa un pito la JCF. Que hagan lo que quieran pero no voy a hacer lo que hace el PPD que es oponerse a todo sin propuestas”.

El titular del DS en su memorial explicativo expresó que “durante los años 2009-2012, el DS traspasó varios CDT’s a Municipios, mediante Resolución Conjunta. Este proceso ha redundado en mayores beneficios a los residentes de los mismos, ya que al ser el Municipio el responsable de los servicios de salud, el Alcalde con su personal administrativo se aseguran que los mismos sean unos de calidad. Cabe señalar que los Municipios que adquirieron los CDT’s traspasados, han contratado Corporaciones de Servicios de Salud experimentadas para la administración de los mismos,” siendo esta la razón principal de su endoso a la medida.

“No nos podemos quedar cruzados de brazos mientras la salud de nuestra gente se pone en riesgo con la excusa de que no tenemos los recursos en el Gobierno”, resaltó  Carmelo Ríos Santiago en relación a la responsabilidad de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, explicó que como consecuencia directa, el Estado no cuenta con recursos suficientes para cumplir con todas las responsabilidades económicas que tiene, tales como el pago de la deuda, la construcción de proyectos de infraestructura, mejoras y administración de instalaciones del Estado, por mencionar algunas.

 

 

 

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