Ocho unidades del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han sido colocadas en probatoria por la agencia Middle State of Higher Education, ente acreditador de las instituciones de educación superior en la Isla.
De acuerdo a dicho organismo, por el momento no hay evidencia suficiente de que las unidades de Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Río Piedras, Ponce y Utuado tienen la estabilidad financiera para continuar operando.
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La Middle State tampoco tiene en su poder datos de que en estos recintos los estudiantes persigan activamente sus grados académicos. Asimismo, la probatoria –que tiene fecha del 18 de mayo– especifica que no hay prueba de que la UPR tenga los debidos recursos institucionales para operar.
Estar en probatoria, explica la organización en su página web, no significa que las instituciones perderán su acreditación. Empero, tendrán que preparar un informe para el 1 de septiembre demostrando que cumplen a cabalidad con los requisitos para pertenecer a la Middle State of Higher Education.
Luego de someter el informe, funcionarios de la agencia acreditadora visitarán las instituciones.
El Gobierno Central y la Junta de Control Fiscal han propuesto un recorte de $512 millones al presupuesto de la UPR. A consecuencia de esto, el estudiantado de varios recintos del primer centro del país ha decretado un voto de huelga para ejercer presión ante el Estado y evitar la reducción de partidas.
A finales de abril, la Middle State aseguró a Metro que vigila atentamente las propuestas de recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico (UPR) planteadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“No podemos especular sobre lo que podría o no podría suceder con respecto a la acreditación de cualquiera de los 11 campus de la UPR, pero la Comisión ha estado monitoreando de cerca la situación en Puerto Rico y el potencial impacto en la UPR de los recortes presupuestarios propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal”, afirmó Richard J. Pokrass, director de comunicaciones y relaciones públicas de la MSCHE.
Respecto a los recortes de fondos universitarios –que podría alcanzar hasta los $512 millones–, Pokrass explicó que la pregunta que la MSCHE busca responderse a sí misma cuando monitorea situaciones de recortes en cualquiera de las instituciones acreditadas por la Comisión, es cómo los recortes afectarían las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, los servicios estudiantiles y otras funciones que una institución necesitaría para cumplir con su misión.
