Presidenta de la UPR se salva de la cárcel

Esto tras haber renunciado a su puesto anoche

Por Ronald Ávila Claudio

Nivia Fernández, expresidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), no pisará la cárcel tras haber renunciado anoche a su puesto. La dimisión surgió luego de que el Tribunal de San Juan le dio 26 horas para gestionar un cese a la huelga estudiantil del Recinto de Río Piedras.

La jueza Lauracelis Roques Arroyo determinó que al ser una demanda contra Fernández en su carácter de administradora del primer centro docente del país, su renuncia la libera de responder ante la corte. La expresidenta estaba expuesta a ser declarada en desacato civil y enfrentar hasta seis meses de cárcel.

No obstante, Roques aclaró que la multa de $1,000 diarios impuesta por no cumplir con el mandamus del Tribunal Apelativo que solicita se abran los portones del campus riopedrense sigue en pie. De esta forma, explicó Roques, la deuda acumulada hasta el momento asciende a $11,000.

Durante la vista, Fernández explicó que renunció a su cargo porque la Junta de Gobierno de la UPR no aprobó su plan para abrir de forma inmediata los portones de Río Piedras, requisito solicitado por Roques en una vista para encontrar causa por desacato ayer.

“Siguiendo las instrucciones de la honorable juez, saliendo del Tribunal ayer nos dimos a la tarea de cumplir con la mismas […] hasta largas horas de la noche estuvimos elaborando un plan, ese plan se presentó, se sometió a través al Comité Ejecutivo (de la JG) y no dio paso al plan”, acotó Fernández.

Empero, aunque esta fue la excusa para terminar con su trabajo como presidenta de la UPR, Fernández no especificó durante la vista o al salir de la sala por qué la JG no aprobó el documento.

Asimismo, Pedro Vázquez, abogado de los demandantes, criticó que la renuncia de Fernández no le fuera comunicada a sus clientes con tiempo y por escrito. También censuró la dimisión en la mañana de hoy de tres miembros de la Junta de Gobierno de la institución: Carlos Pérez, presidente, Carlos del Río, vicepresidente y Frank Catalá.

Al tiempo, el letrado solicitó a la corte extender el cumplimiento de la orden de mandamus del Apelativo a los miembros restantes de la JG. No obstante, Roques sostuvo que la petición debe hacerla a través de una moción oficial.

El Recinto de Río Piedras de la UPR cesó operaciones el pasado 28 de marzo, cuando sus estudiantes proclamaron un paro en la Asamblea General. Luego, el 6 de abril, comenzaron una huelga indefinida en repudio de las medidas de austeridad impuestas por el gobierno de Ricardo Rosselló, que contemplan una reducción al presupuesto universitario de $512 millones.

En respuesta a la huelga, los estudiantes Anamar Menéndez González, Carlos Villegas del Valle, Edwin Rivera Otero, Gabriela Firpi Morales y Rosaima Rivera Serrano demandaron a la Administración Universitaria con la intención de restablecer las labores académicas.

El reclamo de los 5 estudiantes fue avalado por el Tribunal de Apelaciones el 5 de mayo, cuerpo que ordenó comenzar con el calendario y las labores académicas del Recinto de Río Piedras a más tardar el 11 de mayo a las seis de la mañana. Hasta el momento esto no ha sucedido.

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