La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Nivia Fernández, tiene hasta hoy a las dos de la tarde para presentar un plan “concreto” que permita la apertura de los portones del Recinto de Río Piedras o, de lo contrario, será arrestada por desacato.
Lauracelis Roques Arroyo, jueza del Centro Judicial de San Juan, emitió la orden ayer en medio de una vista para encontrar causa por desacato civil contra Fernández por incumplir con un fallo del Tribunal Apelativo que le exige gestionar la culminación del conflicto.
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Si hoy no se levanta la huelga y el plan no cumple con los pedidos del Tribunal, que establece la implementación de medios “eficaces” para terminar la huelga, Fernández se expone a una pena de cárcel de hasta seis meses.
En su testimonio, la presidenta interina de la institución recalcó que ha hecho varios intentos para lograr el acceso al Recinto de Río Piedras. Entre estos, la mediación a través de un Comité de Diálogo Multisectorial, solicitar la intervención de la Policía de Puerto Rico, así como de un ente de seguridad privado.
Empero, Fernández admitió que los esfuerzos han sido infructuosos, ya que los estudiantes rechazaron los preacuerdos establecidos por el cuerpo de mediación, la Uniformada —a través de la superintendente Michelle Hernández— declinó incursionar en el conflicto y, a causa de esto, las compañías privadas de seguridad también se rehusaron.
“[Los] estudiantes están listos para enfrentar cualquier intento de abrir los portones. Por lo tanto, de manera responsable y a los fines de mantener una postura para evitar a toda costa cualquier riesgo contra daño físico o daño a la propiedad, realicé la gestiones pertinentes para pedir la posición oficial de la superintendente de la Policía con respecto a lo que dice la Ley Orgánica de la UPR”, sostuvo Fernández en sala.
Con el propósito de que la Policía ayude a la UPR a culminar con la huelga, ayer los abogados de Fernández sometieron un mandamus para que el Tribunal obligue a la superintendente Hernández a tomar acción. El documento fue utilizado como prueba durante la vista de ayer.
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En respuesta, Roques destacó que “el hecho de que se haya presentado un mandamus no es suficiente. El cumplimiento de esta sentencia de reanudar las operaciones no puede depender de un mandamus”.
Según Fernández, “no tengo un poder. La capacidad la hemos agotado a través de las políticas institucionales y las mesas de diálogo [para abrir los portones]”.
No obstante, el abogado de los demandantes, Pedro Vázquez, comentó en sala que la Universidad aún puede implementar sanciones administrativas a quienes estén bloqueando el acceso al campus riopedrense.
Sobre esto, Fernández indicó que no podía identificar a las personas que están bloqueando los portones, afirmación que contradijo en el contrainterrogatorio, destacando que conoce personas que pertenecen a la Asociación Puertorriqueña de Profesores y a la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) de la institución.
Al tiempo, aclaró que las sanciones administrativas “no me dan garantías de que [acabe la huelga] porque en la comunidad universitaria del Recinto de Río Piedras hay más de 12,000 estudiantes y personal docente y no docente que tienen posturas a favor del cierre”.
Rectores piden apertura de portones
De otra parte, los rectores de los Recintos de la UPR exhortaron ayer a los directivos de los Consejos Generales de Estudiantes de los once recintos a efectuar una reunión para evaluar la situación actual considerando la apertura de los recintos aún en huelga.
“Mantener los recintos cerrados afecta la acreditación de la UPR y las acreditaciones individuales de los programas académicos y, por ende, la cualificación de los estudiantes que requieren becas y préstamos federales para cursar estudios”, indicaron en comunicación escrita, en la que agregaron que los universitarios que realizan estudios por intercambio fuera de Puerto Rico también se están viendo afectados.
Mientras, el Consejo General de Estudiantes del Recinto riopedrense aprobó ayer celebrar su cuarta asamblea estudiantil el jueves 25 de mayo a las 4:00 de la tarde, un día después de que se hayan reunido estudiantes representados en el Comité Negociador Nacional (CNN) y miembros de la Junta de Control Fiscal.
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