UPR demanda a la Policía para que intervengan en huelga

Los estudiantes iniciaron la huelga el pasado 5 de abril.

Por Metro Puerto Rico

Horas antes de la comparecencia de la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández al Tribunal de Primera Instancia por el desacato sobre la apertura de los portones del recinto de Río Piedras, la institución radicó un mandamus en el que pide que se ordene a la Policía de Puerto Rico a cumplir con su deber ministerial de mantener el orden púbico en las inmediaciones del campus.

“Suplicamos al Honorable Tribunal que dicte un auto de mandamus ordenando a la Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Hon. Michelle Hernández de  Fraley a cumplir su deber ministerial de proteger a las personas y a la propiedad de la UPR, de mantener y conservar el orden público y compeler la obediencia de las leyes, mediante la utilización de todos los recursos disponibles de la Policía de Puerto Rico para ejecutar la Orden de Mandamus e Injunction Preliminar emitida por el Tribunal de Apelaciones para lograr reestablecer el acceso al Recinto de Río Piedras”, lee el recurso legal de la UPR.

La UPR radicó la noche del domingo por vía electrónica una Solicitud de Auto de Mandamus contra la Policía, por conducto de la superintendente, Michelle Hernández de Fraley, y el Estado Libre de Asociado de Puerto Rico, por conducto de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

Aquí el documento:

Solicitud (1) by Metro Puerto Rico on Scribd

“Desde el 11 de mayo al presente, la UPR se ha visto imposibilitada de reabrir y reestablecer las operaciones académicas en el Recinto de Río Piedras, de acuerdo a la Orden de Mandamus e Injunction Preliminar emitida por el Tribunal de Apelaciones el 5 de mayo. Los estudiantes han continuado en paro a pesar de la orden judicial y nos hemos visto imposibilitados de reabrir el Recinto sin poner en riesgo la seguridad personal y de la propiedad”, dijo Fernández en declaraciones escritas.

La presidenta interina pidió la semana pasada mediante correo electrónico la intervención de la Policía en la Universidad para abrir los portones, pero la Superintendenta se negó por no ser parte del pleito judicial y porque la política del gobernador Ricardo Rosselló es respetar la “autonomía universitaria”. Rosselló no ha nombrado las vacantes que tiene disponible en la Junta de Gobierno de la UPR.

Fernández reconoció en su comunicado sobre el mandamus que el diálogo para abrir los portones al momento ha fracasado. “La mesa de diálogo institucional tampoco logró reabrir de manera pacífica los portones para retomar las operaciones académicas y administrativas el lunes, 22 de mayo, a pesar de que se alcanzaron unos preacuerdos que fueron anunciados públicamente el sábado, 20 de mayo y que esa misma noche fueron rechazados por los plenos de los estudiantes en paro. Agotados todos los recursos, ayer domingo, 21 de mayo, se radicó este Mandamus contra la Policía de Puerto Rico”, explicó la académica.

El recurso legal solicita que se obligue a la superintendente de la Policía de Puerto Rico a “cumplir su deber ministerial de proteger a las personas y a la propiedad de la UPR (que, a fin de cuentas, pertenece al Pueblo de Puerto Rico), mantener y conservar el orden público y compeler la obediencia de las leyes, mediante la utilización de todos los recursos disponibles para ejecutar la Orden de Mandamus e Injunction Preliminar emitida por el Tribunal de Apelaciones” el 5 de mayo de 2017.

La UPR explica en su solicitud que, a pesar de que la Policía de Puerto Rico es el organismo público compelido por su ley orgánica a proteger la propiedad, mantener y conservar el orden público, prevenir y perseguir el delito y compeler la obediencia a las leyes, “dicho cuerpo ha indicado que no le compete participar en la ejecución de la Orden de Mandamus e Injunction Preliminar emitida por el Tribunal de Apelaciones.” Dicha orden fue a los efectos de restablecer el acceso al Recinto de Río Piedras y las labores educativas en el mismo; garantizar que se permitiera el libre y seguro acceso al mismo, sus instalaciones, edificios y salones de clase, y realizar cualquier otro acto necesario para cumplir cabalmente con lo ordenado por los tribunales.

La Solicitud de Auto de Mandamus establece que “a pesar de lo dispuesto en la antedicha orden de Mandamus e Injunction preliminar, los estudiantes que han decretado el paro que mantiene bloqueados los accesos al Recinto ratificaron el mismo y la estrategia de no permitir el acceso a sus facilidades en una asamblea celebrada el 10 de mayo de 2017. A tenor con lo anterior, los estudiantes en paro y los grupos que los apoyan, impidieron el acceso al Recinto y el restablecimiento de sus operaciones según lo ordenado, a pesar de todos los esfuerzos realizados por la UPR para cumplir el mandato del Tribunal.”

Indica además que “la UPR no cuenta con poder coactivo alguno para forzar a los terceros que actualmente están impidiendo el acceso al Recinto de Río Piedras a cumplir con lo ordenado por el Tribunal de Apelaciones” ya que, aunque el Recinto cuenta con la División de Seguridad y Manejo de Riesgos, comúnmente conocida como ‘la guardia universitaria, “este cuerpo no cuenta con el adiestramiento ni con el equipo necesario para manejar este tipo de situación.”

La institución establece que “ha agotado todos los mecanismos a su haber para abrir los portones del Recinto de Río Piedras” incluyendo repetidas gestiones de conciliación y diálogo con los representantes estudiantiles que han sido infructuosas. “Desde que estas personas tomaron el control de los accesos del Recinto se tiene información de que han ocurrido en el mismo, en sus inmediaciones y en otra propiedad de la UPR, un sinnúmero de eventos que podrían constituir actos delictivos” a tenor con varios artículos del Código Penal. Es necesario recalcar que la UPR ha estado impedida de actual efectivamente para poder hacer valer la orden del Tribunal y que no ha habido intención de incumplir.

“Las actuaciones de estas personas le ocasionan a la UPR, a la comunidad universitaria y al público en general pérdidas y daños inmediatos e irreparables para los cuales una compensación pecuniaria no sería un remedio adecuado. De no detenerse la conducta ilícita de los demandados, la comunidad universitaria sufrirá daños irreparables en la medida en que la interrupción de las operaciones del sistema universitario y de las labores docentes atrase irrevocablemente todos los programas académicos y proyectos de investigación e intercambio antes mencionados”, añade el Auto de Mandamus.

El recurso legal radicado también hace referencia a la acreditación de la UPR ante la Middle States Commission on Higher Education, la cual “podría verse afectada ante esta situación que no le permite cumplir cabalmente con las exigencias que se le imponen de mantener operaciones institucionales regulares, con estudiantes participando activamente en sus programas académicos. Sin esta acreditación, la Universidad de Puerto Rico deja de ser la institución educativa de prestigio institucional que ha desarrollado tras más de cien años de labor. Ello podría tener un efecto devastador sobre la capacidad de UPR de continuar operando efectivamente y rindiendo sus servicios a la sociedad puertorriqueña”.

Pendientes a Metro que se encuentra en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan donde ya llegó la presidenta interina de la UPR.

 

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