La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Nivia Fernández, tiene hasta mañana a las dos de la tarde para abrir los portones del Recinto de Río Piedras y presentar ante el Tribunal de San Juan un plan de acción certificado por la Junta de Gobierno de la institución a esos fines.
Lauracelis Roques Arroyo, jueza del Centro Judicial de San Juan, emitió la orden hoy, lunes, en medio de una vista para encontrar causa por desacato civil contra Fernández por incumplir con un fallo del Tribunal Apelativo que le exige gestionar la culminación del conflicto.
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Si mañana no se levanta la huelga y el plan no cumple con los pedidos del Tribunal, que establecen la implementación de medios “eficaces” para terminar la huelga, Fernández se expone a una pena de cárcel de hasta seis meses.
Durante la vista, la jueza indicó que la exrectora del Recinto de Río Piedras, Carmen Rivera Vega, quedaría fuera de la demanda tras dimitir de su cargo el pasado viernes en una reunión del Senado Académico del campus riopedrense.
En su testimonio, la presidenta interina de la institución recalcó que ha hecho varios intentos para lograr el acceso al Recinto de Río Piedras. Entre estos, la medicación a través de un Comité de Diálogo Multisectorial, solicitar la intervención de la Policía de Puerto Rico, así como de un ente de seguridad privada.
Empero, Fernández admitió que los esfuerzos han sido infructuosos, ya que los estudiantes rechazaron los preacuerdos establecidos por el cuerpo de mediación, la Uniformada -a través de la superintendente Michelle Hernández- declinó incursionar en el conflicto y a causa de esto las compañías privadas de seguridad también se rehusaron.
“[Los] estudiantes están listos para enfrentar cualquier intento de abrir los portones, por lo tanto de manera responsable y a los fines de mantener una postura para evitar a toda costa cualquier riesgo contra daño físico o daño a la propiedad realicé la gestiones pertinentes para pedir la posición oficial de la superintendente de la Policía con respecto a lo que dice la Ley Orgánica de la UPR”, sostuvo Fernández en sala.
Con el propósito de que la Policía ayude a la UPR a culminar con la huelga, ayer los abogados de Fernández sometieron un mandamus para que el Tribunal obligue a la superitendente Hernández a tomar acción. El documento fue utilizado como prueba durante la vista de hoy.
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En respuesta, Roques destacó que “el hecho de que se haya presentado un mandamus no es suficiente, el cumplimiento de esta sentencia de reanudar las operaciones no puede depender de un mandamus”.
Según Fernández, ”no tengo un poder, la capacidad la hemos agotado a través de las políticas institucionales y las mesas de dialogo [para abrir los portones”].
No obstante, el abogado de los demandantes, Pedro Vázquez, comentó en sala que la Universidad aún puede implementar sanciones administrativas a quienes estén bloqueando el acceso al campus riopedrense.
Sobre esto, Fernández indicó que no podía identificar a las personas que están bloqueando los portones, afirmación que contradijo en el contrainterrogatorio, destacando que conoce personas que pertenecen a la Asociación Puertorriqueña de Profesores y a la Hermandad de Empleados no Docentes (HEEND) de la institución.
Al tiempo, aclaró que las sanciones administrativas “no me da garantías de que [acabe la huelga] porque en la comunidad universitaria del Recinto de Río Piedras hay más de 12,000 estudiantes y personal docente y no docente que tienen posturas a favor del cierre”.
Por su parte, el presidente de la HEEND, José Torres, aclaró que: “no nos pueden poner acciones administrativas para nosotros porque no estamos en huelga. Decir que nosotros apoyamos las acciones de los estudiantes, de que no se les recorte $500 millones a la Universidad, no es un acto de mala fe. Nosotros no estamos en huelga, en huelga están los estudiantes”.
De otra parte, entre los preacuerdos que se discutieron este fin de semana por el Comité de Diálogo Multisectorial, ente que busca un fin de la huelga a través de la mediación, la UPR se compromete a no tomar acciones disciplinarias contra los estudiantes que han paralizado los recintos y unidades del sistema.
Sobre dichos preacuerdos, Torres exhortó al estudiantado a evaluarlos y a aceptarlos porque son los “mejor” que pueden alcanzar en este momento.
A razón de que los preacuerdos no han sido hasta el momento aceptados por los estudiantes, Torres informó que la HEEND no participará más del Comité de Diálogo Multisectorial.
Por su parte, Vázquez acotó que “esperamos que la presidenta use bien esas 26 horas, la Junta de Gobierno las use bien y veamos mañana un plan completo”.
Asimismo, el letrado enfatizó en que la presidenta interina se contradijo desde el principio en su testimonio y que “estuvo diciendo cosas que nadie puede creer, eso de que no puede identificar a las personas que están en los portones”.
Recomendó, nuevamente, que la Universidad tome medidas disciplinarias contra las personas que están en los portones.
Fernández, por su parte, no ofreció expresiones al salir de la sala, tampoco sus abogados.
El Recinto de Río Piedras de la UPR cesó operaciones el pasado 28 de marzo, cuando sus estudiantes proclamaron un paro en la Asamblea General. Luego, el 6 de abril, comenzaron una huelga indefinida en repudio de las medidas de austeridad impuestas por el gobierno de Ricardo Rosselló, que contemplan una reducción al presupuesto universitario de $512 millones.
En respuesta a la huelga, los estudiantes Anamar Menéndez González, Carlos Villegas del Valle, Edwin Rivera Otero, Gabriela Firpi Morales y Rosaima Rivera Serrano demandaron a la Administración Universitaria con la intención de reestablecer las labores académicas.
El reclamo de los 5 estudiantes fue avalado por el Tribunal de Apelaciones el 5 de mayo, cuerpo que ordenó comenzar con el calendario y las labores académicas del Recinto de Río Piedras a más tardar el 11 de mayo a las seis de la mañana. Hasta el momento esto no ha sucedido.
