El presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Pérez Díaz, afirmó que lamenta que se haya llegado al punto de tener que recurrir a la solicitud judicial para que la Policía actúe que tuvo que presentar la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Nivia A. Fernández, y que solo se tomó tras la decisión de los grupos estudiantiles de no respaldar los preacuerdos alcanzados durante el fin de semana para viabilizar el reinicio de las labores académicas y administrativas.
“La Universidad, claramente, se encuentra en una encrucijada entre unos grupos que no han podido llegar a acuerdos sensatos. Por un lado, está la Junta de Supervisión Fiscal y el plan fiscal del gobierno central que insiste en recortes de $512 millones a la UPR y por el otro, están los grupos estudiantiles -apoyados por otros sectores- que han escogido la huelga para hacer valer sus reclamos de que no se sigan recortando los recursos a la Universidad. Mientras tanto, nosotros, desde la Junta de Gobierno hemos llegado al máximo de las concesiones económicas que puede hacer la Universidad dentro de la situación fiscal tan difícil que enfrenta el gobierno y todas sus instituciones”, dijo Pérez.
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“La administración universitaria ha realizado todas las gestiones que están a su alcance, dentro y fuera de la mesa de diálogo institucional, para reabrir la universidad sin violencia, pero no deja de ser cierto que los edificios de la Universidad de Puerto Rico en las diversas unidades se están deteriorando a pasos muy grandes y que la Universidad ha ido perdiendo elegibilidad de acceso a fondos federales para asistencia económica a los estudiantes , que incluye la Beca Pell, lo cual pone a la gran mayoría de nuestros estudiantes en una situación de insolvencia económica para pagar sus estudios el próximo año académico”, sostuvo.
El presidente de la Junta de Gobierno explicó que contrario a otras instancias de huelga en la UPR, esta vez la Universidad no tiene los recursos económicos para prestarle a los estudiantes el dinero para el pago de sus matrículas hasta que cada recinto que ha perdido elegibilidad a fondos federales la recupere y se reembolsen esos fondos a la UPR.
“El futuro de la Universidad está atrapado entre posiciones extremas que no logran acuerdos y cuando esto pasa, pues se recurre a medidas extremas, aunque no sean las que uno desea. Desde el inicio hemos afirmado que aspiramos a una solución que permita abrir los portones sin violencia”, reiteró.
“Insisto en que esta Junta de Gobierno ha cedido en todo lo que está a su alcance, entendiendo la situación fiscal difícil que enfrenta el gobierno, que afecta a la UPR igual que a muchos sectores de nuestra sociedad. Nosotros queremos y necesitamos ponerle fin al conflicto a la vez que mantenemos la discusión frente al gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal para que reconozca que un recorte de $512 millones es inaceptable porque aniquila a la Universidad como la conocemos hoy. Así lo hemos expresado a los estudiantes, al claustro y a los trabajadores de la UPR”, dijo Pérez.
Pérez aseguró que desde la Junta de Gobierno vamos a las gestiones para que el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal reconsideren su posición, hasta ahora intransigente, de recortar $512 millones a la UPR. Insistimos en nuestro reclamo al gobernador, Ricardo Rosselló, para que en apoyo a sus expresiones de respaldo a la autonomía universitaria, lleve ante la Junta de Supervisión Fiscal los ajustes que haya que hacer para que la UPR sea reconocida en igualdad de condiciones con los otros servicios esenciales del gobierno y que los recortes no impacten indefinidamente la fórmula de 1966 mediante la cual la UPR recibe sus fondos, sino que sean temporeros, como es temporera la Junta de Supervisión Fiscal.
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