A raíz del anuncio del Gobierno de paralizar el pleito de clase Rosa Lydia Vélez, así como del retraso por meses en el trámite de facturas de las terapias de educación especial, varios proveedores amenazaron con no ofrecer los servicios durante el verano ante falta de pago.
Así lo reveló a Metro el presidente de la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapias, Víctor Moreno, quien se mostró preocupado luego de que varios proveedores corporativos e independientes le indicaran que no ofrecerán servicios durante el periodo de verano.
“Han decidido que no van a dar servicios de terapias a niños del año escolar extendido, quienes toman clases y servicios durante el verano”, expresó Moreno, al destacar que el programa de Remedio Provisional, en ocasiones, demora meses en tramitar las facturas. “Hay facturas desde febrero y no las han intervenido”, detalló el portavoz del gremio. Criticó que el problema de pagos se suma a que los proveedores están en desventaja en comparación con lo que cobran estos profesionales en Estados Unidos y otros países.
El presidente de la organización señaló que le alarma la paralización del pleito de clase, amparado en el proceso de quiebra bajo el Título III de PROMESA, al entender que esto pondría en peligro el Remedio Provisional, programa creado como alternativa para ofrecer a los estudiantes servicios especializados que no estén disponible a través del Departamento. “El Gobierno nunca ha cumplido [con los servicios]. Por eso existe el pleito y el Remedio Provisional. Al ellos querer intentar parar los servicios, ¿qué va a pasar con nuestros niños?”, expuso. Aunque al pleito de clase se unieron 17,000 familias, suman alrededor de 6,500 las reclamaciones de pagos de indemnización que quedan en suspenso tras la paralización automática bajo Título III.
Repudio a paralización de pleito de clase
La presidenta de Educamos, Eva Ayala, y la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, objetaron la paralización del pleito de clase por entender que afectará a los estudiantes. Ayala dijo que con la notificación del Gobierno “nuevamente se le da un golpe a los niños que llevan más de tres décadas reclamando sus derechos”.