La posibilidad de que la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Nivia Fernández, vaya a la cárcel está latente, puesto que aún no ha cumplido con la orden del Tribunal Apelativo que le solicita gestionar un cese efectivo de la huelga institucional.
Sin embargo, para el abogado Arturo Hernández, esta medida no servirá para presionar al estudiantado a abrir los portones.
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El abogado explicó que “ella es una pieza más en todo este asunto, que, si no está disponible, estaría quien la suceda en rango al mando de la Universidad”.
Hoy, en una vista en el Tribunal de San Juan, Fernández tendrá que explicar por qué la huelga sigue en pie.
Como respuesta a su posible detención, de acuerdo con el letrado, la defensa de la administración de la UPR tendrá que radicar una reconsideración ante el foro apelativo para que este cuerpo revise la decisión de instancia.
Además, los abogados deberán solicitar fianza para que Fernández salga libre y continúe liderando los esfuerzos para acabar con el conflicto de huelga.
Para Hernández, la demanda —presentada por cinco estudiantes— que están presionando para que se abran los portones es un ejemplo de cómo el Estado está usando sus recursos para “romper” con una decisión tomada en una “asamblea estudiantil soberana”.
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“¿Por qué no se han buscado alternativas para que a los estudiantes que han levantado este pleito les brinden clases fuera del campus y cumplan con el semestre?”, cuestionó el abogado.
Sentenció que “se está politizando el asunto. Los poderes del Estado se están usando para hacerlo”, concluyó.
