Un grupo de exprocuradores de Menores apoyaron hoy la iniciativa del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, de crear una nueva Ley de Justicia Juvenil en Puerto Rico.
Según explicó la portavoz del grupo, Ana Quintero, los proyectos presentados por el presidente de la Cámara establecen claramente los parámetros para un verdadero sistema de justicia a menores en la Isla, “enfocado en la rehabilitación y la ley y orden en la sociedad”.
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“Estamos apoyando los proyectos de la Cámara 1035 y 1036 porque los mismos son de avanzada y establecen los parámetros para un sistema de justicia juvenil justo, basado en la realidad que vive nuestra sociedad, apoyando la rehabilitación mientras que, a la misma vez, enfocando la ley. Estos proyectos son la zapata de una verdadera Ley de Menores”, comentó la ex procuradora de Menores.
La letrada detalló algunas de las mejoras al sistema actual plasmadas en los proyectos de Méndez Núñez, particularmente la inclusión, dentro del sistema de clasificación de delitos del Código Penal de Puerto Rico, de 2012, a tono con la realidad actual y estableciendo, de forma taxativa, dentro de las faltas que serán consideradas clase III, aquellas que, por su gravedad, requieren mayor control y supervisión, por parte del tribunal.
“Esto no está incorporado en la ley vigente”, aclaró.
También se establece que el tribunal no tendrá jurisdicción sobre un menor cuando se le imputa a una persona mayor de 21 años, hechos constitutivos de falta clase II o III, cometidos entre las edades de 14 a 18 años de edad, que no hayan prescrito.
La licenciada fue enfática al decir que “establecer una edad mínima mediante legislación sería contraproducente, ya que cada caso es diferente, toda vez que un menor de 10 años pudiese ser más maduro que uno de 12 y tener más malicia que este último. Más aún cuando conocemos como han proliferados los delitos cibernéticos y los menores son hoy por hoy los expertos en materia cibernética”.
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Agregó que “existen casos de menores de 11 años imputados de agresiones sexuales contra menores de 5 años y eso es una lamentable realidad que día a día se ve en las salas de menores a través de todo Puerto Rico. Aquí la clave es el compromiso que tenga ese Procurador a quien el Estado le está delegando la responsabilidad de trabajar por el interés del menor y conjunto con las agencias gubernamentales y el Tribunal ayudar a los menores. No se le puede quitar de las manos esa potestad”.
Según Quintero, la Oficina del Procurador atiende querellas por faltas cometidas dentro de la escuela que van más allá de agresiones entre estudiantes: daños agravados, venta de sustancias controladas, escalamientos, posesión de arma blanca en comisión de delitos, exposiciones obscenas, apropiación ilegal entre otras.
“Estas faltas están penalizadas en el Código Penal y leyes especiales y es al Departamento de Justicia y no al Departamento de Educación la agencia que se le ha delegado el procesamiento de los delitos que atentan contra la persona, la sociedad y la propiedad. En todos los casos donde el Departamento de Educación tiene jurisdicción sobre situaciones escolares las han trabajado y cuando recurren al Sistema bajo la Ley de Menores es cuando las herramientas con las que cuentan, en la mayoría de los casos limitadas, no han sido efectivas para la rehabilitación o ayuda al menor y a su núcleo familiar o cuando los padres no responden al sistema educativo por que le restan importancia al mismo”, acotó.
