Como “una verdadera canallada” describió la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) la petición del gobierno para que se emita un interdicto preliminar y permanente que paralice el pleito de clase Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación.
Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la organización magisterial, le solicitó a la secretaria Julia Keleher que “aclare si respalda este golpe bajo a los participantes del Programa de Educación Especial”.
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El caso Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación lleva más de 37 años. Se radicó ante las deficiencias del programa de proveer los servicios, equipos y terapias que requerían miles de niños y niñas con condiciones especiales. En el caso hay 17,000 demandantes, aunque más de 300,000 madres, padres y estudiantes fueron perjudicados.
“El gobierno pretende que se paralice el caso a base de la radicación de quiebra que hizo bajo el Título III de la ley federal PROMESA. Esto se refiere no solo a los aspectos de la compensación que deben recibir los demandantes por los daños recibidos”, explicó Martínez Padilla.
La FMPR cuestionó la “falta de sensibilidad de los funcionarios que intentan burlarse de los derechos de los afectados”.
“Keleher tiene que aclarar si respalda la decisión que penalizaría nuevamente a los participantes del Programa de Educación Especial y sus familiares que en el proceso judicial el Departamento de Educación admitió haber perjudicado al no ofrecerle servicios”, señaló la líder magisterial.
Aunque el gobierno argumentó que la petición no afectará el servicio a los niños y niñas de Educación Especial, el Departamento de Educación lleva 3 ó 4 meses sin pagar las terapias. Suplidores pudieran no ofrecer en verano los servicios ante la falta de pago. “Es un abuso monumental. Al igual que con el cierre de escuelas, donde no se toma en cuenta las necesidades de miles de niños y niñas del Programa de Educación Especial, aquí los estudiantes son afectados sin considerar que les tronchan sus ilusiones. Es repugnante que los más vulnerables, los niños y niñas de Educación Especial, paguen la crisis que los grandes intereses crearon y se niegan a aportar”, afirmó Martínez Padilla.
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“Si prevalecen los planes del gobierno y la Secretaria de Educación Keleher de cerrar 179 escuelas los estudiantes de Educación Especial serán una de las principales víctimas. El hacinamiento será la orden del día, en clara violación a lo estipulado en los Programa Educativo Individualizado (PEI) de los niños. El difícil camino de la adaptación a la nueva escuela y las necesidades de transportación, asistencia, equipos y terapias será un cúmulo de obstáculos pues el gobierno sabría que cualquier violación quedaría impune. La presión de las multas y la persistencia de los padres y madres ha sido lo que ha evitado que los servicios del programa sean más deficientes de lo que son”, aseguró la presidenta de la FMPR.
“La FMPR hace un llamado al gobierno y a la Secretaria de Educación Julia Keleher a retirar el reclamo de paralización del pleito Rosa Lydia Vélez y cumplir su responsabilidad con las víctimas de la ineficiencia histórica de la agencia”, exigió Martínez Padilla.
El sindicato finalizó exhortando a los padres y madres de los afectados por el cierre de escuelas a comunicarse con la FMPR al 766-1818, para elaborarar, junto a sectores afectados, unas guías para ayudar a los padres a confeccionar las querellas administrativas contra el Departamento de Educación .
