El analista político y profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Mayagüez, Ángel Rosa, describió esta tarde como una estrategia del Gobierno de Puerto Rico la inacción ante la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones de abrir los portones del Recinto de Río Piedras de dicha institución académica y denunció la intención de crear enfrentamientos entre los distintos sectores de la comunidad universitaria.
“El gobierno de Puerto Rico, la estrategia sobre la UPR es la dejarla a su suerte, que se consuma en sus propios conflictos, en sus propios impases y en su propias incapacidades y tratar a la Universidad como si fuera un extraterrestre dentro del panorama de instituciones y de comunidades que conforman el país”, puntualizó el analista.
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La administración de la UPR había radicado hoy una moción de auxilio ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, para que se dejara sin efecto orden la orden de abrir los portones del Recinto de Río Piedras, emitida por Apelaciones, pero una votación empate impidió que el Supremo decidiera si dejaba o no sin efecto la orden, de modo que el mandato de abrir los portones emitido el 5 de mayo continúa efecto.
Según Rosa, quien se ha expresado a favor de que se abran los portones de la UPR, la estrategia incluye “no prestar ningún tipo de apoyo para garantizar ningún tipo de seguridad, en momentos en que la universidad está copada por unos grupos principalmente insuflados por fuerzas externas de la Universidad, pero compuestas también por estudiantes, empleados de la propia Universidad”.
Precisamente hoy, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, presentó el Proyecto de la Cámara 1089, para suspender, detener y desautorizar inmediatamente todo desembolso de fondos públicos correspondiente a gastos de funcionamiento de la Universidad de Puerto Rico o cualquiera de sus recintos mientras de interrumpa la prestación de los servicios de educación o enseñanza por un término en exceso de 72 horas o de ocurrir la interrupción de los servicios en más de una ocasión.
Esto incluye el pago a los empleados docentes y no docentes de la institución universitaria.
“Lo que se pretende es una estrategia de enfrentamiento entre los universitarios, el gobierno pretende que en vez de la Policía auxiliar a la administración, como es su deber como agencia de ley y orden en Puerto Rico, sean los universitarios los que enfrentándose, en algunos casos puede ser hasta de manera violenta, seamos nosotros los que hagamos el trabajo del Estado”, indicó Rosa en su programa radial en la emisora WKAQ 580.
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Al igual que otros profesores del sistema UPR, Rosa ha reiterado su intención de continuar de forma inmediata con sus labores como profesor en las aulas de clase del Recinto de Mayagüez. Sin embargo, los manifestantes mantienen los portones cerrados.
El profesor cuestionó si corresponde a los docentes enfrentarse a los manifestantes frente a los portones para poder cumplir con sus labores.
“La pregunta que uno se tiene que hacer de una manera seria y no política y demagógica, es si es el deber de los profesores y empleados que estamos impedidos de entrar a cumplir nuestras funciones porque hay allí un estado de caos que es hasta cierto punto permitido por el propio Estado, que no usa su recursos en ley para hacer cumplir las leyes en los recintos universitarios donde tienen total vigencia las leyes y los reglamentos de Puerto Rico”, señaló el profesor de Ciencia Política, también exsenador por el Partido Popular Democrático.
Precisamente hoy –en momentos en que la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, está en riesgo de ser arrestada por no cumplir con la orden de abrir los portones–, el Gobierno se mantuvo firme en que la Policía no intervendrá en los portones.
“Nosotros hemos sido bien claros: esto es un asunto de la universidad y le toca a la guardia universitaria y al liderato de la universidad trabajar con todo esto y desde el inicio nuestra política pública ha sido que la Policía no va intervenir salvo a que como hemos visto ocurran actos de vandalismo que se rompa la ley en las calles de Puerto Rico”, estableció el gobernador Ricardo Rosselló.
