La jueza federal Laura Taylor Swain dio comienzo ayer a la primera vista argumentativa de la quiebra de Puerto Rico, advirtiendo que el proceso traerá dolor y decepción a muchos porque simplemente “no hay dinero” para cumplir con las obligaciones, haciendo referencia de inmediato a que en los próximos meses se atenderá una agenda compleja y llena de retos.
“La meta del Título III es finalmente encontrar la manera de seguir adelante”, afirmó la jueza asignada al caso por el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
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“Tenemos que aceptar que esto está lejos de ser perfecto. […] No todas las expectativas serán satisfechas”, dijo la jueza.
Taylor, quien dijo sentirse “honrada” de haber sido asignada para atender la quiebra de la isla en un proceso que calificó de “histórico”, no solo hizo hincapié en que “no todo el mundo va a recibir lo que quiere”, sino que dejó claro otras metas, como encaminar a Puerto Rico hacia una “economía vibrante” y “mantener el talento en la isla”.
“La juez vino preparada. Es una persona que no tiene pretensiones, que me parece que sabe lo que tiene entre manos”, apuntó el licenciado John Mudd, abogado federal, en declaraciones a Metro.
Acto seguido, la representación legal de la Junta de Control Fiscal (JCF) leyó ante la jueza un informe en el que resumió la insostenible deuda económica del Gobierno y las acciones que tanto el ente federal como el Gobierno de Puerto Rico han tomado en los pasados cuatro meses aproximadamente antes de solicitar la activación del Título III de PROMESA, que da paso a la quiebra.
Carreteras irá al Título III
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El anuncio que hizo el abogado de la JCF, Martin Bienestock, de que la Junta pedirá una reestructuración de la deuda de la Autoridad de Carreteras a través de dicho título, como lo hizo la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el Gobierno central, fue la sorpresa de la mañana.
Por otro lado, la jueza decidió que solo para efectos administrativos se combinarán en una sola estructura los asuntos del caso de Cofina y las reclamaciones de los bonistas de Obligaciones Generales (GO, por sus siglas en inglés), aunque los argumentos de los casos se van a ver de forma separada hasta el momento.
La defensa de los acreedores de Cofina, además, argumentó en contra de que el Gobierno central desvíe dinero al Fondo General, que en principio había sido destinado por ley al pago de la deuda de la corporación.
“Se está disputando si el Gobierno central tiene la autoridad en ley para desviar la porción que legalmente le correspondía hasta el momento a pagar la deuda de Cofina”, explicó el licenciado Phillip Escoriaza, quien estuvo presente en la audiencia.
“Los bonos de Cofina se vendieron bajo las condiciones en la oferta de esos bonos de que la fuente de repago venía del impuesto sobre ventas y como tal resultaba atractivo porque, como toda la economía estaba obligada a pagar ese IVU, pues había una fuente segura de un porciento específico que no se podía tocar para pagar los bonos”, explicó el analista de Los seis de la tarde.
Pero los problemas con Cofina no acaban ahí. En la audiencia salieron a relucir, además, varios conflictos entre los propios acreedores, principalmente respecto a qué grupos cobrarán primero cuando se efectúen pagos a la deuda.
“Definitivamente, hay un montón de asuntos que hay que manejar. Hoy (ayer) se habló de conflictos de interés de Cofina, se habló de cuatro conflictos internos entre la gente de Cofina”, explicó Mudd.
Luego de concluidas las tareas del día, el representante ante JCF dijo sentirse contento y confiado en que el proceso de quiebra que arrancó ayer será uno fluido y rápido. “Esencialmente, se acogieron los planteamientos que hemos hecho a la administración del caso. Nos sentimos cómodos con el proceso que se está llevando a cabo, el orden que es está estableciendo y, sobre todo, nos sentimos muy confiados”, expresó Sánchez.
Sánchez reaccionó a las argumentaciones finales que presentó la defensa de varios grupos de acreedores, que entre cosas alegaron falta de transparencia por parte del Gobierno y la JCF, y exigieron más “datos financieros disponible para los acreedores”, como estados financieros auditados actualizados.
“Hay unos grupos que quieren una serie de información que alguna de ella no se puede proveer”, afirmó Sánchez. “Sí tendrán acceso a todo eso una vez sean productos finales, como lo es el plan fiscal”, añadió, al tiempo que dijo que el Gobierno trabaja en estados financieros auditados actualizados.
