El representante del Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez, salió complacido esta tarde de la sala 3 del Tribunal Federal en Hato Rey, donde hoy se llevó a cabo la primera audiencia sobre el caso de quiebra de la Isla.
Tras su salida, Sánchez reaccionó a las argumentaciones finales que presentó la defensa de varios grupos de acreedores, que entre cosas alegaron falta de transparencia por parte del Gobierno y la JSF y exigieron más “data financiera disponible para los acreedores”, como estados financieros auditados actualizados.
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“Lo que pasa es que aquí hay unos grupos que quieren una serie de información que alguna de ella no se puede proveer, en un momento dado, por cuestiones de privilegio, no se pueden proveer documentos que son work related, otros que son modelos vivos”, afirmó Sánchez. “Sí tendrán acceso a todo eso una vez sean productos finales como lo es el Plan Fiscal. Hay otros que quieren estados financieros auditados de 2015, nosotros los queremos también, estamos trabajando arduamente para presentarlos este año”, puntualizó.
El representante ante la Junta aseguró que la actual administración ha puesto la mayor cantidad de información disponible para los acreedores, permitiendo que puedan escrutar y analizar, algo que según Sánchez y el abogado de la JSF en sala, “nunca se había hecho”.
“Lo que se hizo con la mediación, exponer la cantidad de información, el proceso abierto, las reuniones con todos los grupos, eso jamás se había hecho en la historia de Puerto Rico con todos los acreedores y eso se realizó hace apenas unas semanas atrás”, apuntó el licenciado. “Ellos (los acreedores) van a argumentar su caso, pero necesariamente lo que dicen es la verdad”, añadió.
Jueza hace advertencia a las partes
A las 9:29 de la mañana la jueza federal Laura Taylor Swain hizo su entrada a la sala 3 de la Corte Federal, para dar comienzo a la primera vista argumentativa de la quiebra de Puerto Rico.
“La meta del Titulo 3 es finalmente encontrar la manera de seguir adelante”, afirmó la jueza asignada al caso por el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
“Tenemos que aceptar que esto está lejos de ser perfecto. […] No todas las expectativas serán satisfechas”, dijo la jueza, advirtiendo que el proceso traería dolor y decepción a muchos porque simplemente “no hay dinero” para cumplir con las obligaciones, haciendo referencia de inmediato a que en los próximos meses se atenderá una agenda compleja y llena de retos.
Taylor, quien dijo sentirse “honrada” de haber sido asignada para atender la quiebra de la Isla en un proceso que calificó como “histórico”, no solo hizo hincapié en que “no todo el mundo va a recibir lo que quiere”, sino que dejó claro otras metas, como encaminar a Puerto Rico hacia una “economía vibrante” y “mantener el talento en la Isla”.
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“La juez vino preparada, es una persona que no tiene pretensiones, que me parece que sabe lo que tiene entre mano”, apuntó el licenciado John Mudd, abogado federal, en declaraciones a Metro.
Acto seguido, la representación legal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), leyó ante la jueza un informe en el que resumió la insostenible deuda económica del gobierno y las acciones que tanto el ente federal como el Gobierno de Puerto Rico han tomado en los pasados 4 meses aproximadamente, antes de solicitar la activación del Título 3 de PROMESA, que da paso a la quiebra.
El anuncio que hizo el abogado de la JSF, Martin Bienestock, de que la Junta pedirá una reestructuración de la deuda de la Autoridad de Carreteras a través de dicho Título, como lo hizo la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y el Gobierno Central, fue la sorpresa de la mañana.
Por otro lado, la jueza decidió que sólo para efectos administrativos, se combinarán en una sola estructura los asuntos del caso de Cofina y las reclamaciones de los bonistas de Obligaciones Generales (GOs, por sus siglas en inglés), aunque los argumentos de lo casos se van a ver de forma separada, hasta el momento.
La defensa de los acreedores de Cofina, además, argumentó en contra de que el Gobierno Central desvíe dinero al Fondo General, que en principio había sido destinado por ley al pago de la deuda de la Corporación.
“Se está disputando si el Gobierno Central tiene la autoridad en ley para desviar la porción que legalmente le correspondía hasta el momento a pagar la deuda de Cofina”, explicó el licenciado Phillip Escoriaza, quien estuvo presenta en la audiencia.
“Los bonos de Cofina se vendieron bajo las condiciones en la oferta de esos bonos de que la fuente de repago venía del Impuesto sobre Ventas y como tal resultaba atractivo porque, como toda la economía estaba obligada a pagar ese IVU, pues había una fuente seguro de un por ciento específico que no se podía tocar, para pagar los bonos”, explicó el analista de Los Seis de la Tarde.
Pero los problemas con Cofina no acaban ahí. En la audiencia salieron a relucir, además, varios conflictos entre los propios acreedores, principalmente respecto a qué grupos cobrarán primero cuando se efectúen pagos a la deuda.
“Definitivamente hay un montón de asuntos que hay que manejar, hoy se habló de conflictos de interés de Cofina, se habló de cuatro conflictos internos entre la gente de Cofina”, explicó Mudd.
Luego de concluidas las tareas del día, el representante ante JSF dijo sentirse contento y confiado en que el proceso de quiebra que arrancó hoy será uno fluido y rápido.
“Esencialmente se acogió los planteamientos que hemos hecho de administración del caso, nos sentimos cómodos con el proceso que se está llevando a cabo, el orden que es está estableciendo y sobretodo nos sentimos muy confiados”, expresó Sánchez.
“Lo más que nos interesa es un proceso donde el pueblo pueda tener certeza y que podamos salir de él lo más rápido posible, el gobierno de Puerto Rico va a estar actuando con diligencia”, aseguró el licenciado.
