El acuerdo al que llegó ayer el Gobierno con acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) tiene altas probabilidades de prosperar en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos.
De lograr el aval de dos terceras partes de los tenedores de la instrumentalidad y más del 50 % de los bonistas, la Junta de Control Fiscal presentará el acuerdo al Tribunal estadounidense para su aprobación, tal como lo requiere la Ley federal para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Financiera de Puerto Rico (PROMESA, siglas en inglés).
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De acuerdo con el abogado Rolando Emmanuelli como único algún acreedor pudiera mostrar reparos e intentar impugnar el proceso sería con el argumento de que no se cumplió con la ley, lo que, a su juicio, es difícil porque “ya cuando se lleva a la corte, ya hubo votación”. “El planteamiento con el que podrían llevarlo sería que no se cumplió con la ley en cuanto a votaciones o en cuanto a divulgar información”, dijo a Metro el abogado experto en PROMESA. Señaló que lo que se dicte en el Tribunal obliga a todos los acreedores del BGF, quienes estarían cubiertos por el acuerdo, aunque inicialmente algunos de ellos no lo favorecieran.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció ayer el acuerdo de reestructuración (RSA, siglas en inglés) con acreedores del BGF, que sería el primer acuerdo al que lleguen bajo el Título VI de PROMESA y el segundo acuerdo al que llega el Gobierno tras el que se realizó con la Autoridad de Energía Eléctrica. El acuerdo concretado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) establece que los activos del BGF se dividen en dos fideicomisos, uno de ellos se destina a los bonos y crea tres alternativas de bonos que el bonista, que ya tiene la nota del BGF, lo puede intercambiar por algunas de esas nuevas alternativas.
Según explicó Rosselló, quien seleccione mayor recorte al principal recibe un “cupón” más alto de dinero, pero quien quiera un recorte menor recibirá un cantidad menor. “Hay un segundo fideicomiso que trabajaría con las instrumentalidades del Gobierno que, dicho sea de paso, la estructura parece fortalecer otras alternativas después, como, por ejemplo, Acueductos, que ayuda a dar prioridad a pagos de fondos federales que son esenciales para poder llegar a negociaciones”, detalló Rosselló.
Estos nuevos bonos tendrán diferentes niveles de repago de principal, tasas de interés, prioridad de colateral y otros términos de pago. Como parte de los términos acordados, los acreedores del BGF convinieron reducir sustancialmente la cantidad de principal.
A juicio del abogado Emmanuelli, el acuerdo es positivo, pero “la única preocupación que tengo es si el corte que se les va a dar a los bonos es lo suficientemente profundo, porque muchas veces estas negociaciones llegan a acuerdos que después no pueden cumplir”.
Por su parte, el representante Luis Vega Ramos, aunque vio con buenos ojos la acción del gobernador, reclamó que se hagan públicos los detalles del acuerdo, si incluyen la imposición de nuevas contribuciones o cargos a la ciudadanía. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, también pidió transparencia en el proceso y amenazó con demandar al BGF.
