El Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó que la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tendrá que pagar una multa de $5,000 en las próximas 24 horas, así como $1,000 diarios hasta que se abran los portones de la institución.
La jueza Lauracelis Roques Arroyo determinó que la presidenta interina de la universidad, Nivia Fernández y la rectora del Recinto de Río Piedras, Carmen Rivera Vega, no se esforzaron para cumplir con el mandamus del Tribual Apelativo que les ordenó gestionar un cese de la huelga universitaria a no más tardar el 11 de mayo a las seis de la mañana.
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“Al día de hoy, se prueba que no se ha restablecido la entrada al recinto [de Río Piedras]. Los esfuerzos que ha indicado la universidad en la moción no son esfuerzos diligentes y razonables”, comentó en sala Roques Arroyo.
Por su parte, el mismo 11 de mayo la UPR presentó una moción al ministerio público en la que desglosó los trabajos llevados a cabo por la administración para reabrir los portones. Entre los aspectos incluidos en el documento -que se consideró en la vista de hoy- hay datos sobre reuniones y el proceso de mediación establecido por la universidad para cumplir con la orden judicial.
Sin embargo, para la jueza Roques Arroyo la mediación no es una estrategia “suficiente” para cumplir con el mandamus.
Por su parte, Enrique Figueroa Llinás, abogado de la defensa, advirtió que el único método posible para concretar lo estipulado por el Tribunal Apelativo, además de la mediación, sería la violencia. Acción que afirmó no es una opción para la administración universitaria.
“Yo creo que es muy fácil hablar. Aquí uno oye que la solución al problema es resolverlo, pero el propio compañero ha reiterado que los demandantes quieren una solución que no envuelva la violencia”, añadió Figueroa Llinás.
Al tiempo, Figueroa Llinás reiteró ante la magistrada Roques Arroyo la política de sana convivencia de la UPR, que impide la entrada de la Policía al campus universitario. Además, advirtió que la guardia universitaria no está preparada para resolver conflictos de huelga y que tampoco tiene los equipos para repeler un golpe.
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En respuesta al abogado, Roques Arroyo sostuvo que sus argumentos tendrán que ser presentados en una reconsideración ante el Tribunal Apelativo, pues Instancia es un foro menor y solo le corresponde velar que se cumpla el mandamus.
Por su parte, Pedro Rodríguez, abogado del grupo de estudiantes que demandó a la UPR para solicitar acceso al campus, dijo que la universidad no ha utilizado todos los métodos para cumplir con el mandamus. Aunque, insistió, ellos no desean que se utilice la violencia para levantar la huelga.
Como opciones posibles que puede tomar la UPR, destacó el abogado, están “traer en un pleito a las personas que justifiquen están en los portones, sanciones administrativas contra estudiantes, profesores y empleados”.
“Yo fui estudiante y si a mí me dicen que yo estoy haciendo algo que puede costar que me suspendan lo voy a pensar dos veces”, añadió Rodríguez.
De igual forma, Figueroa Llinás no emitió comentarios sobre los próximos pasos que tomará la UPR para abrir los portones. Aunque declaró que “todas las opciones están abiertas en este momento”, incluyendo solicitar una reconsideración de la decisión del Tribunal.
“La multa impuesta la tiene que pagar la administración [de la UPR] hasta que decida el Tribual”, añadió.
Movimiento Estudiantil continuará en pie de lucha
Según María de Lourdes Vaello, portavoz del Movimiento Estudiantil, los alumnos respetarán el voto de huelga que se ratificó en una asamblea el 10 de mayo en el Roberto Clemente.
“Sabemos que la universidad tiene hasta el 20 de mayo para pedir reconsideración al Tribunal de Apelaciones, esperemos que esa sea la medida que procede, o pedir auxilio del Tribunal Supremo. Nosotros entendemos que el Tribunal debió haber respetado la autonomía universitaria y haber apostado a las mesas de diálogo y negoción”, afirmó la alumna.
El Recinto de Río Piedras está en huelga desde el 6 de abril. El pasado 5 de mayo, los estudiantes Anamar Menéndez González, Rosaima E. Rivera Serrano, Carlos Vicente Villegas del Valle, Edwin Francisco Rivera Otero y Gabriela Firpi Morales demandaron a la administración universitaria para que se abran los portones del campus riopedrense.
